La policía egipcia arrestó el pasado miércoles a la destacada defensora de los derechos de las mujeres, Azza Soliman, según informaron su fundación y una fuente de las fuerzas de seguridad, semanas después de que se le prohibiera viajar y que sus activos financieros estuvieran congelados.

Soliman, fundadora del Centro para la Asistencia Legal de las Mujeres Egipcias (CEWLA), fue una de las activistas, abogados y periodistas que no pudieron salir de Egipto en el último mes.

La abogada pro-derechos de la mujeres dijo a Reuters la semana pasada que fue arrestada el 19 de noviembre en el aeropuerto de El Cairo. Poco después, Soliman descubrió que sus bienes personales y los de su grupo habían sido requisados.

"El juez de instrucción ha emitido una orden de arresto contra Azza Soliman", dijo CEWLA en un tweet, agregando que las fuerzas de seguridad habían ido a la casa de Soliman y la habían llevado a una comisaría de El Cairo.

No hubo comentarios inmediatos del Ministerio del Interior, y CEWLA no dio más detalles. No estuvo claro desde el principio cuáles eran los cargos, si es que había alguno, contra Soliman.

El arresto de Soliman se produce en un clima en el que varios activistas de derechos humanos egipcios dicen estar siendo sometidos a la peor represión por parte del Gobierno, apuntando a organizaciones acusadas de fomentar disturbios durante el levantamiento de 2011 que puso fin al gobierno de 30 años del ex dictador egipcio Hosni Mubarak.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), las más involucradas en el trabajo de derechos, están envueltas en una larga investigación, acusadas de recibir fondos extranjeros para sembrar el caos. Un abogado de derechos egipcio dijo que la orden de arresto de Soliman había sido emitida por el juez que está presidiendo ese caso.

En septiembre, un tribunal congeló los activos de cinco destacados activistas de derechos humanos y tres ONG, abriendo el camino a un proceso penal que podría conducir a penas de cadena perpetua. Las ONG dicen que se han sentido expuestas desde finales de 2011, cuando las autoridades procesaron a 17 grupos pro-democracia y de derechos humanos.

En 2013, un tribunal ordenó el cierre de varios grupos extranjeros, incluyendo Freedom House, con sede en Estados Unidos, y sentenció a 43 funcionarios de ONG, incluidos 15 estadounidenses que huyeron.

Un caso contra docenas de ONG y abogados egipcios nunca fue cerrado, permaneció en latencia hasta este año. No llega a quedar claro claro si Soliman ha sido detenido en relación con este caso.

En noviembre, el Parlamento aprobó una ley para regular las ONG, que según los grupos de derechos humanos prohibe su trabajo y hace que sea más difícil operar para los grupos de desarrollo y organizaciones benéficas.

El proyecto de ley prohíbe a los grupos nacionales y extranjeros participar en actividades políticas o cualquier otra cosa que perjudique la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o la salud pública -una forma, dicen los críticos, de sofocar la disidencia-.