Azza Soliman tenía que subirse un avión para asistir a un congreso en Jordania, cuando los funcionarios de seguridad del aeropuerto de El Cairo la rechazaron, argumentando que una orden judicial le prohibía viajar.
La veterana abogada de derechos humanos y activista feminista fue una de las al menos seis activistas, abogados y periodistas a los que se impidió salir de Egipto en el transcurso de una semana.
Los grupos de defensa de los derechos humanos de Egipto aseguran que estas prohibiciones de viaje afectaron a 217 personas entre junio de 2014 y septiembre de 2016, de los cuales 115 eran activistas críticos con el gobierno
Ellos ven estas restricciones como parte de una estrategia más amplia por parte del presidente Abdel Fattah Al-Sisi para silenciar a los opositores y eliminar las libertades ganadas en el levantamiento de 2011, que puso fin a 30 años del régimen de Hosni Mubarak.
Soliman señala que descubrió, después de ser devuelta al aeropuerto el 19 de noviembre, que sus bienes personales y los de su ONG habían sido retenidos, a pesar de que no tenía conocimiento de que hubiera ningún caso legal abierto en su contra.
"Estamos en un Estado que pisotea la ley y la constitución. Están actuando como ladrones nocturnos", se queja en declaraciones a la agencia Reuters. "No se me mostró ni un solo documento oficial en el que dijera que me habían prohibido viajar o que mis bienes estaban congelados".
Cuatro días después, el 23 de noviembre, los funcionarios del aeropuerto prohibieron viajar a un veterano activista que dirige un centro dedicado a la rehabilitación de las víctimas de la tortura, y a un periodista que emitió un programa de televisión crítico con el gobierno. Además, a otro periodista se le denegó el derecho a viajar el 24 de noviembre, así como a una prominente activista en favor de los derechos de la mujer, en este caso el 25 de noviembre.
El escándalo de las restricciones de viaje provocó una reprimenda del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, quien señaló que las prohibiciones formaban parte de un esfuerzo para silenciar a los críticos con el gobierno actual.
"Las restricciones impuestas a (...) la libertad de circulación se han convertido lamentablemente en una rutina en el contexto de la represión más amplia que pesa sobre la sociedad civil egipcia, que ha continuado sin cesar desde 2011", señalaba Michel Forst en un comunicado.
Un portavoz del Ministerio del Interior, por su parte, aseguró que la policía no impide viajar a nadie a menos que un tribunal o fiscal lo haya ordenado.
"No es el trabajo del oficial de seguridad del aeropuerto decirle a la gente por qué están impedidos para viajar", dijo.
Los funcionarios de seguridad del aeropuerto mantienen esta misma versión, pero señalaron que cuando se trata de activistas destacados quienes intentan viajar, el servicio de control de pasaportes puede consultar a las agencias de seguridad o inteligencia, que a veces ordenan que sean detenidos.
El Ministerio del Interior negó que hubiera ningún tipo de represión del gobierno en este sentido.
Pero el historial de Egipto en materia de derechos humanos está sometido a un creciente escrutinio, incluso desde Estados Unidos.
El Informe sobre Derechos Humanos de 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en abril, destacaba las restricciones a la libertad académica y a la sociedad civil, así como la impunidad de los casos de tortura y asesinato por parte de las fuerzas de seguridad.
En marzo, el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aseguró sentirse profundamente preocupado por el deterioro de los derechos humanos en Egipto, incluyendo la decisión de reabrir una investigación en colaboración con las ONGs que documentan estos abusos.
En abril, el portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que el historial de derechos humanos de Egipto estab dificultando el apoyo de EE.UU. al gobierno de El Cairo. Pero el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló el mes pasado de su admiración por Al-Sisi, al que calificó como "un tipo fantástico".
Las ONGs Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en una declaración conjunta en noviembre, instaron a las autoridades egipcias a dejar de imponer las prohibiciones de viajar a los defensores de los derechos humanos.
"Las autoridades egipcias quieren romper la conexión entre el movimiento egipcio de derechos humanos y el mundo exterior", dijo Joe Stork, vicedirector para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
Amnistía Internacional, por su parte, denunció que las autoridades estaban utilizando estas prohibiciones para tratar de intimidar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su trabajo.
Una cárcel gigante
Mohamed Zaree se dirigía a unas jornadas de formación en Túnez en mayo, cuando fue retenido en el aeropuerto. El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, donde trabaja, se encuentra entre los varios grupos de derechos humanos que se enfrentan a una investigación judicial por un caso de 2011, acusados de utilizar fondos extranjeros para sembrar el caos en el país.
Pero Zaree no ha sido acusado oficialmente y no ha recibido ninguna explicación o aviso previo de que pesaran sobre él restricciones de movimiento.
"Todo esto es muy kafkiano. No sé por qué se me impide viajar o quién me lo impide, no sé dónde conseguir una notificación oficial", dijo, refiriéndose a la novela de Franz Kafka "El juicio" en la que el protagonista es juzgado en circunstancias misteriosas.
"Siento que todo el país es una gigantesca prisión que no puedo dejar, y no estoy seguro de cuánto durará mi sentencia".
Cientos de militantes islamistas han sido asesinados y miles han sido encarcelados desde que Al-Sisi tomó el poder a mediados de 2013, prometiendo estabilidad. Pero la red se ha ampliado hasta incluir a activistas laicos que se opusieron a los Hermanos Musulmanes, pero que se aferraban a las esperanzas de cambio político.
En noviembre, el parlamento aprobó una ley que regula la creación y el funcionamiento de las ONG, respecto a la que los grupos de derechos humanos consideran que prohíbe en la práctica su trabajo y dificulta el trabajo de los grupos de desarrollo humanitario y organizaciones benéficas.
Una de las disposiciones de la nueva normativa prescribe penas de cárcel para los trabajadores de las ONGs que colaboren con instituciones internacionales como las Naciones Unidas sin permiso previo.
En este sentido, abogados especializados en derechos humanos y trabajadores de ONG mostraron su preocupación por el hecho de que las prohibiciones de viajar pudieran ser usadas para intimidarlos aunque no hubieran infringido ninguna ley.
Malek Adly, un abogado de derechos humanos al que e le denegó e permiso para salir del país en noviembre, afiram que no le dieron ninguna explicación. Él es miembro de un equipo legal que intenta bloquear la transferencia de dos islas del Mar Rojo (Tirán y Sanafir) a Arabia Saudí, y cree que se le prohibió vajar por su oposición a esta medida de Al-Sisi.
"No me dieron ni me mostraron ningún documento oficial en el que dijera que me habían prohibido viajar", explica.
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