Se ha hablado mucho del papel que han jugado el Tribunal Supremo israelí y el poder judicial en general a la hora de judaizar el territorio palestino, confirmando las prácticas gubernamentales de Israel de desposeer a los palestinos de su tierra, demoliciones de hogares masivas y frecuentes desplazamientos.
Este papel era evidente en los primeros años de la ocupación israelí, cuando se aprobaban expropiaciones en masa de las propiedades de los palestinos y se confiscaban las tierras de los palestinos que se quedaban, que se convirtieron en ciudadanos israelíes a partir de 1948. La expropiación de los terrenos continúa a día de hoy, así como el papel y la posición del Tribunal Supremo de Israel. Este papel ya no es tan obvio como lo fue en las primeras dos semanas de mayo de 2015. Esta vez, el objetivo eran las comunidades de palestinos beduinos en Israel y Cisjordania. En Cisjordania, el tribunal aprobó la expulsión y la demolición de casas de un pueblo palestino para permitir la extensión de un asentamiento judío; en el Néguev, el tribunal aprobó la expulsión y la demolición del pueblo palestino beduino de Um Al-Hiran para crear espacio para un nuevo asentamiento judío; y, finalmente, el tribunal aprobó la decisión estatal de que los beduinos no tienen derecho al terreno y, en la mayoría de los casos, eran intrusos en la tierra del Estado.
El 4 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo de Israel rechazó una petición de los habitantes del pueblo de Susa, que esperaban que el tribunal acabase con su tercera expulsión y la demolición de sus chozas. Tras la primera expulsión, en los años 80, los habitantes de Susya se fueron a vivir a cuevas en las colinas del sur de Hebrón. Aún así, el ejército israelí les expulsó de las cuevas y bloqueó las entradas para evitar que la gente volviese a habitarlas. Insistiendo en volver a sus tierras y a sus hogares, los habitantes tuvieron que construir casas improvisadas en los alrededores con tiendas de campaña, metal y madera. Estas estructuras fueron demolidas por orden del gobierno israelí, aprobadas las órdenes por el tribunal el 4 de mayo, dejando a los personas en su propia tierra sin hogar.
Tan sólo un día después de aprobar esta ley, el tribunal también aprobó la evacuación de los habitantes de Um Al-Hiran, tan sólo 20 km al sudoeste de Susya, en el Néguev, dentro de Israel. El tribunal rechazó una apelación presentada por la familia Abu Al-Kia en contra de la decisión del gobierno y de las autoridades de desalojar a los 1.000 miembros de la familia que vivían en Um Al-Hiran. En su terreno, la tierra en la que la familia había cultivado, el gobierno construirá un nuevo asentamiento judío llamado Hiran. El Estado argumentó en la corte que los beduinos son infiltrados en la tierra del Estado. Basado en esta declaración, el tribunal decidió establecer un asentamiento y autorizar el desalojo de los habitantes a cambio de una indemnización. Mientras escribo estos párrafos a finales de noviembre, la policía israelí está en el pueblo y se espera que las excavadoras lleguen en cualquier momento a derribar varias casas.
Varios días después, el 14 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo dictó otra decisión que perpetraba las comunidades beduinas del Néguev, en lo que respecta a la familia Al-Uqbi, que desestimó la decisión del Tribunal del Distrito de Beersheba, que rechazó la reclamación de la familia a los derechos de propiedad de tierras que han poseído durante décadas, hasta su expulsión a principios de 1950 por las autoridades israelíes.
Una parte de Al-Arakib, un pueblo destruido por el Estado más de cien veces desde 2010, se encuentra sobre el terreno reclamado. El Tribunal Supremo dictaminó, basado en las leyes de los mandatos otomano y británico - y de acuerdo con su precedente original de los años 80 - que el terreno en cuestión es "tierra muerta (mawat)" y, por tanto, un terreno estatal. La ley otomana define una "tierra muerte" como una tierra que no está poseída o cultivada por nadie, y que está más lejana que "el alcance de un grito", un paseo de 30 minutos o aproximadamente a una milla y media de una zona inhabitada.
Basado en esta doctrina legal, el gobierno y el tribunal israelíes ven a las comunidades beduinas en Israel y en muchas zonas de Cisjordania como intrusos en la tierra estatal. El tribunal se negó a cambiar su doctrina legal de más de cuatro décadas, a pesar de las claras evidencias de la posesión y el cultivo de estos terrenos y los pagos de impuestos. Sin embargo, una revisión histórica revela que el tribunal se basó en tales categorías legales históricas de una forma selectiva y manipuladora que las hizo inútiles.
La guerra de 1948 tuvo consecuencias catastróficas en los árabes beduinos de Néguev; sólo el 13% de ellos permaneció dentro de los límites del armisticio de Israel; el resto se convirtieron en refugiados en los Estados vecinos. Unos 11.000 beduinos se quedaron en el Néguev, comprendiendo 19 de las 90 tribus que había en la zona antes de la guerra. La decisión sobre el destino de los beduinos que se quedaron en el Negav estaba en manos del primer ministro del momento, David Ben-Gurion, y de demás políticos y figuras militares, justo después de la batalla en el Néguev. Inicialmente, Ben-Gurion quiso expulsar a los beduinos restantes, pero cambió de opinión y sopesó esa idea con otras dos propuestas adicionales: desplazar a los beduinos restantes a ciudades mixtas judío-árabes en el centro del país o agruparlos en una zona específica y establecerlos en tres ciudades. Se adoptó la última de las dos propuestas, y el ejército comenzó a desalojar, relocalizar y agrupar a los beduinos. Desde 1949 hasta mitades de 1950, once tribus beduinas fueron obligadas a desplazarse del Néguev oriental a la zona "sivaj" (o sayag; una zona vallada o cerrada). Allí se unieron a otras ocho tribus que habían vivido originalmente en el sivaj. Los límites de esta zona cubrían un 8% del área del Néguev, y estaban determinados por consideraciones de seguridad y control del terreno. Sus habitantes estuvieron controlados por el ejército israelí hasta 1966, y las ciudades beduinas fueron estableciéndose poco a poco. Los límites del sivaj aún existen, aunque no sean visibles a día de hoy.
Los primeros años del Estado de Israel configuraron la geografía humana y legal del Néguev beduino, más que nada su desalojo, traslado y criminalización en cuanto a sus viviendas y su posesión de terrenos. Las formas de desalojo variaban ligeramente de comunidad a comunidad, pero, en general, implicaban una combinación de violencia, amenazas y uso de la fuerza, órdenes y pronunciamientos del gobierno y del ejército. El comandante militar del Néguev solía emitir una orden, firmarla en árabe y en hebreo y entregársela al shaikh de la tribu. La orden establecía que la tribu tenía que desplazarse de su lugar de residencia durante un periodo de hasta seis meses. En la práctica, la orden era indefinida y a nadie se le permitía volver a sus tierras originales. Bajo la política del gobierno - o la falta de ella - la agrupación de las tribus beduinas en la zona del sivaj creó un espacio construido y caracterizado posteriormente por la ilegalidad. Las tribus se reasentaban y trabajaban en la tierra en las que se les ordenaba establecerse. La asignación de tierras era en parte oral e informal y en parte oficial mediante un arrendamiento estatal.
Por ejemplo, hasta 1956 las autoridades estatales desplazaron a la fuerza a la familia Abu Al-Kia'an cuatro veces hasta que se establecieron en Um Al-Hiran. Allí, Uri Lubrani - el consejero del primer ministro en asuntos árabes de la época - asignó a la familia un total de 7.000 dunams de terreno (unos 1.730 acres).
La familia Al-Uqbi sufrió un destino parecido de constante desplazamiento. Normalmente, las tierras entregadas a las familias desalojadas pertenecieron a otras tribus del Néguev o a refugiados beduinos. Inmediatamente después de los desalojos, el terreno que se había vaciado o declarado área militar cerrada se expropiaba bajo la ley israelí (la Ley de Adquisición de Tierras de 1953 o la Ley de Propiedad Abandonada de 1950). Normalmente, los tribunales israelíes ignoran esta historia y la excluyen de la aplicación de la ley formal. El tribunal desempeña así un papel importante en la promoción de la perspectiva sionista de la criminalidad beduina, mientras que oprime las perspectivas de las comunidades de expulsión y desalojos. Además, hay un cuerpo sustancial de la historia legal atado a las tierras que reclaman los beduinos del Néguev que también se suele ignorar o malinterpretar.
En 1952, el Ministro de Justicia israelí nombró a un comité especial para aclarar la cuestión de la propiedad de la tierra de los beduinos del Néguev. En un informe confidencial presentado al ministro de justicia, el comité concluyó que "se sabe que durante el periodo del mandato [británico], grandes extensiones de tierras fueron registradas bajo el nombre de beduinos, basándonos en pruebas de que estas tierras fueron cultivadas por ellos durante el periodo de posesión de tierras de cualificación [10 años], y una gran parte de ellas fueron transferidas [vendidas], tras registrarse, a Keren Kayemet [el Fondo Nacional Judío], a otras compañías judías y a individuos judíos. Por lo tanto, hay cientos de precedentes en cuanto a este tema, y nosotros pensamos que el gobierno de Israel no podrá, ni debería, ignorarlos... Después de todo, es posible que los beduinos tengan pruebas de su posesión de otras muchas zonas, como recibos de pago de ingresos del diezmo, que servirán como pruebas de la cultivación de otros terrenos mayores Por lo tanto "no debe abstenerse de reconocer los derechos de los beduinos a la propiedad de las zonas que demuestren haber cultivado durante mucho tiempo (el periodo de limitación)", es decir, un periodo de 10 años, el que requiere la ley otomana y británica.
En estas pocas líneas, el comité resumió hechos importantes de la historia de los beduinos y sus derechos. Los beduinos cultivaron entre 2 y 3,5 millones de dunams (unos 3.500 km cuadrados) en la región de Beersheba. Cultivaron principalmente cebada, conocida por su calidad, de la cual mucha fue exportada vía Gaza a la industria cervecera de Reino Unido y el resto de Europa antes de la I Guerra Mundial. A través de la agricultura y el pago de impuestos, los principales medios de obtener derechos de terreno, los beduinos los obtuvieron, aunque no fueron registrados formalmente. Aunque a algunos nos pueda sonar absurdo, la agricultura beduina existió en el Néguev en distintos grados durante siglos. Por ejemplo, el viajero americano William Thomson, quien atravesó las tierras beduinas del Néguev en 1958, observó: "¿Qué clase de país contemplamos hoy? Precioso, pero monótono - trigo, trigo, un océano de trigo".
El cultivo de la tierra era una de las principales formas de obtener derechos de propiedad durante el mandato otomano. Las administraciones otomana y británica reconocieron el sistema de propiedad beduino y los registros internos de los shaikhs, que también ejercían de recaudadores de impuestos. Además, hubo beduinos que registraron sus tierras en el registro de terrenos durante el periodo otomano.
Carta del comandante militar israelí de Beersheba, de fecha 19 de julio de 1949, al shaikh de Al-Uqbi, pidiendo a este último que proporcione al comandante una lista de todas las tierras cultivadas por su tribu, su nombre, ubicación, tamaño y tipo De las cosechas, y aquellas tierras que sus dueños o socios están fuera de las fronteras de Israel, dentro de una semana desde la emisión de la carta. (Fuente: Papeles personales de la familia Al-Uqbi).
Durante el periodo del Mandato los derechos de terreno también siguieron estableciéndose de distintas maneras, tanto formales como informales. Además, cuando la tierra se vendía a cuerpos o individuos sionistas, los propietarios beduinos registraban la tierra bajo su propio nombre, y sólo después les transmitían los derechos a los compradores. Mientras que aquellos con los derechos del terreno pagaran los impuestos, cumplían con las demandas y las expectativas de las autoridades otomana y británica, que no se molestaron en establecer un sistema completo y legal en el distrito de Beersheba. El registro ordenado de los derechos, introducido por los británicos en 1928 y conocido como el proceso de establecimiento de título del terreno; no llegó al Néguev hasta 1948. Sin embargo, el gobierno del Mandato Británico señaló que, cuando el acuerdo de los derechos del terreno llegase a Beersheba, se esperaba que nos 2 millones de dunams se considerarían como tierras propiedad de los beduinos. Tras el cambio del panorama político en 1948, el régimen de propiedad también cambió junto a la historia de la región.
En 1970, el gobierno israelí inició un proceso de establecimiento de títulos de terreno entre los beduinos del Néguev, sobre tono en la zona del siyaj. En 1979, los beduinos habían presentado 3.220 reclamaciones de tierra por un total de 1,5 millones de dunams, incluyendo medio millón de dunams de pastos. Parte del terreno reclamado estaba fuera del siyaj y ya se había expropiado y registrado como terreno estatal. Un comité nombrado por el gobierno israelí en 1975, liderado por Pia Albeck, del la oficina del fiscal general; informó de que la tierra que reclamaban los beduinos eran 850.000 dunams, y declaró que los beduinos no tenían derechos legales sobre ellos. Basándose en las leyes británica y otomana, Albeck determinó que el terreno era "tierra muerta" - tierra alejada de la civilización - que no estaba ni apropiada ni cultivada, y, por lo tanto, pertenecía al Estado.
Esta misma doctrina legal, junto a otras similares, fueron alegadas por Albeck en beneficio del gobierno israelí para expropiar las tierras y establecer así asentamientos judíos en Cisjordania. Aunque en este artículo me centro sobre todo en las prácticas israelíes en el Néguev; el desalojo en Susya y el uso de doctrinas legales similares demuestran la invisibilidad de la Línea Verde (Armisticio de 1949) a los ojos de los oficiales israelíes y al analizar las políticas terrenales de Israel.
Sin embargo, ya que Albeck confiaba en que el tribunal no permitiría el desalojo de los ciudadanos beduinos de su tierra sin compensación, recomendó al gobierno que congelase las reclamaciones sobre la propiedad de los terrenos y que negociase con los reclamantes. Las fórmulas de compensación fueron complicadas y variaban de un reclamante a otro, pero todas incluyeron el plan de habilitar un terreno para construir ciudades beduinas, agua para la agricultura y una indemnización financiera, que en general ascendía al 10% de la demanda. La oferta de compensación estaba condicionada por el restablecimiento de los reclamantes en las ciudades beduinas construidas por el Estado, que pretendían agrupar a los beduinos en los centros urbanos. El gobierno adoptó las recomendaciones: congeló las reclamaciones y embarcó en las negociaciones. Para el gobierno, estuvo claro desde el principio que los beduinos no estaban entusiasmados por las propuestas. En 2005, el gobierno sólo había resuelto un 15% de las reclamaciones, la mayoría usando la fuerza en el desalojo de la zona de Tel El-Meleh, en el Néguev, para construir la base aérea de Nevatim, que fue parcialmente restablecida desde la Península de Sinai de acuerdo al tratado de paz con Egipto. Alrededor de 2005, el Estado empezó a presentar reconvenciones de las reclamaciones originales de los beduinos, y, a día de hoy, ha ganado el 100% de casos (casi 300), el último de los cuales fue el de Al-Uqbi.
La adopción de las recomendaciones de Albeck constituyó la elección del Estado de llegar a una decisión vis-a-vis con las comunidades beduinas del Néguev, que cumpliría con sus aspiraciones políticas del control del terreno a través de la negociación. Sin embargo, en la última década el gobierno israelí pasó del modo de negociación a la confrontación al aumentar el número de demoliciones y al iniciar la política de reclamaciones de tierras. Al mismo tiempo, el gobierno israelí se dio cuenta de que las cosas estaban yéndose fuera de control, ya que ni las reclamaciones de tierras ni el título de los pueblos "no reconocidos" se habían resuelto. Los gobiernos israelíes posteriores siguen discutiendo la cuestión del Néguev beduino, pero sin proponer una solución apropiada. Como tal, desde 2007, el gobierno israelí ha estado desarrollando un plan integral que abordará las cuestiones de terrenos y viviendas en Beersheba, así como su desarrollo socioeconómico.
Sólo después de 2007 el gobierno nombró varios comités (los comités de Goldberg, Amidror, Prawer y Begin) para que investigaran el problema. El último intentó resultó en el proyecto de ley de Prawer, que se paralizó y no se llevó a votación en el Knesset debido a la gran oposición al desplazamiento masivo potencial de unos 40.000 beduinos de sus pueblos. Sin embargo, Prawer no se canceló, y se espera que se presente de nuevo ante el Knesset con su versión actual o con algunas nuevas enmiendas.
Mientras tanto, el proyecto de urbanización beduino ha fracasado; decenas de miles de beduinos viven en terribles condiciones en pueblos no reconocidos; y unas 2.500 reclamaciones de propiedad mantienen a las autoridades ocupadas y llevan a desalojos y demoliciones, pero nada está realmente resuelto. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes intensifican sus políticas de urbanización y desalojos contra los beduinos en áreas C de Cisjordania. Lo que está claro es que la gramática del proyecto colonial de eliminación y reemplazamiento de la población sigue en pie, haciendo uso del desalojo y las demoliciones. No parece haber ninguna solución en el horizonte, ni ninguna intención por parte del gobierno de cambiar sus políticas contra los beduinos. El gobierno israelí aún los ve como intrusos y como obstáculos para el "desarrollo" de la judaización.
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