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El uso de drones de Obama, en el punto de mira

Las guerras secretas con aviones no tripulados de Obama también han matado a maestros, policías, mujeres y niños.
Foto de archivo de un dron militar

Escondidas entre los Juegos Olímpicos y los titulares sobre las elecciones la semana pasada, había unas pocas historias que revelaban una información hasta ahora desconocida sobre el programa de aviones no tripulados de los EE.UU. La Casa Blanca dio a la prensa un documento conocido como Política de Orientación Presidencial (PPG), que fue escrito en 2013, y que describe las diversas etapas del gobierno de Estados Unidos antes de matar o capturar a las personas que considere como amenazas.

Todo esto se sitúa en el contexto de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aunque también es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Obama para presentar el programa de ataque con aviones no tripulados de manera favorable. Aunque bastante censurado, el PPG explica su misión:

“Esta Política de Orientación Presidencial (PPG) establece los procedimientos operativos estándar sobre cuando Estados Unidos deben tomar la acción directa, que se refiere a usos letales y no letales de fuerza, incluidas las operaciones de captura contra objetivos terroristas fuera de los Estados Unidos y áreas de hostilidad activa.”

¿Capturar o matar?

De acuerdo con el documento, el gobierno de Estados Unidos siempre busca capturar sus objetivos en lugar de matarlos. Esto, dice, se debe a que “las operaciones de captura ofrecen la mejor oportunidad para el aumento significativo de los niveles de inteligencia de las operaciones de lucha contra el terrorismo (TC) y la mitigación y la interrupción de las amenazas terroristas”. En otras palabras, las personas capturadas pueden hablar, los muertos no.

 

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Sin embargo, cuando se considera que dicha operación de captura “no es factible” y que no existen otras alternativas viables, entonces se prepara la posibilidad de una operación letal. El documento aclara sin embargo, que cualquier operación letal debe limitarse estrictamente al objetivo de prevenir futuras acciones y que no es de ninguna manera un medio de administrar justicia ni castigo por acciones pasadas.

El PPG afirma que “la acción letal no debe ser presentada como un castigo o como un sustituto de la persecución de un sospechoso de terrorismo en un tribunal civil o una comisión militar” y que “las acciones de contraterrosimo, incluida la acción letal contra objetivos terroristas designados, deberá ser tan exigente y precisa como sea razonablemente posible”.

Sin embargo, aun teniendo en cuenta estas restricciones, la decisión sobre el uso de la fuerza letal sigue siendo moral y legalmente turbia.

A quién matar

El PPG pasa a exponer algunas simples pautas para poder decidir a quién matar:

  1. “Se tomarán medidas directas contra idividuos de alto valor terrorista (HVT) sólo cuando haya certeza de que la persona que está siendo apuntada es, de hecho, el objetivo legítimo y está situado en el lugar donde la acción pueda tener lugar”;
  2. “La acción directa se realizará sólo si hay certeza de que la acción puede realizarse sin herir o matar a civiles.”

En términos más sencillos, estas reglas son tan evidentes que casi no tienen sentido; el gobierno de Estados Unidos debe tratar de matar a la gente que quiere matar y no a otra persona.

Por otra parte, existe cierta ambigüedad cuando el PPG describe su definición de los que no deben ser asesinados, específicamente, “civiles”. Al definir a los “civiles” como “personas que no pueden ser objeto de ataque en el marco del derecho de los conflictos armados”, el documento continúa añadiendo más sombra sobre el tema en vez de dar algo de luz:

El término “civil” no incluye a una persona que sea miembro de una parte beligerante en un conflicto armado, una persona que esté tomando parte directa en las hostilidades, o una persona que sea objeto de orientación en el ejercicio de la auto-defensa.

Esta última frase, obviamente, deja un amplio margen de interpretación, como ha demostrado el absurdamente bajo número de “no combatientes” que la Administración estadounidense estima que murió cuando Obama habló con la prensa a principios de este año. El presidente sugirió que los EE.UU. habían matado a un máximo de 116 “no combatientes” desde que asumió el cargo en 2009, sin embargo, como informó el periódico Daily Beast, “nadie que haya estudiado la táctica de EE.UU contra grupos terroristas como Al -Qaeda considera que esa cifra sea exacta”.

En lugar de ello, la organización independiente de la Oficina de Periodismo de Investigación estimó que se produjeron entre 380 y 801 víctimas civiles. Se dijo que sus cifras se basan en “informes de los periodistas locales e internacionales, investigadores de ONG, documentos gubernamentales filtrados y el resultado de las investigaciones sobre el terreno”.

Es probable que la fuente de esta discrepancia resulte de la definición asombrosamente amplia que el gobierno de Estados Unidos utiliza para designar a un “combatiente”. De hecho, de los “2.372 a 2.581” no civiles que los EE.UU. han matado con aviones no tripulados, una proporción (no se sabe exactamente cuántos) se consideran combatientes sin basarse en ningún dato concreto en absoluto. De hecho, cualquier adulto que se encuentre en edad militar se supone que es un combatiente. Como informó el New York Times :

“Obama adoptó un método polémico para el recuento de bajas civiles que hicieron poco en su favor. En el recuento todos los hombres en edad militar en una zona de ataque se contaban como combatientes, según varios funcionarios de la administración, a menos que los servicios de inteligencia demostraran póstumamente que eran inocentes”.

Cómo matar

El PPG establece una serie de procedimientos que deben seguir los funcionarios para ordenar un asesinato. La primera etapa es la creación de un “plan operativo”. Dicho plan describe cómo y por qué el asesinato está destinado a ocurrir y debe dejar claro que no hay alternativas viables a matar.

Deben ser presentados por uno de los organismos pertinentes (por ejemplo, el Departamento de Defensa o la CIA) y luego transmitidas al Estado Mayor Nacional de Seguridad (NSS) para su revisión entre agencias. El plan se somete a revisión legal en ambas etapas y también se evalúa su concordancia con la PPG.

El PPG detalla ocho puntos específicos que debe abordar el plan operativo. Cuando el plan se dirige a un conocido como “Alto valor objetivo”, éstas se enfocan en la contabilización de una serie de posibles variables y delineando tanto los “objetivos de lucha contra el terrorismo” y la base legal internacional para el ataque.

Sin embargo, cuando la agencia involucrada quiere matar a alguien que no es un conocido “Alto valor objetivo” existen obstáculos adicionales para explicar por qué.

Después de eso, y tras analizar si la forma de matar al objetivo designado se encuadra en la política estadounidense, el siguiente paso es llevar el plan al despacho oval. En este punto, el PPG estipula:

“Si el director de la agencia, tras la revisión por parte de los directores y oficiales, continúa apoyando el plan operativo, el plan deberá ser presentado al Presidente para su decisión, junto con las opiniones expresadas por los departamentos y organismos durante el proceso de NSC”.

El presidente puede entonces, presumiblemente, elegir aceptar o rechazar el plan o devolverlo para someterlo a enmiendas. Por otra parte, en caso de desacuerdo entre los diferentes jefes de agencia, a continuación, “el presidente debe reparar cualquier desacuerdo”.

¿Qué significa esto?

El PPG ofrece una gama detallada sobre cada una de estas etapas, aunque en muchas ocaiones es repetitivo y añade poca claridad.

En general, la publicación del PPG está diseñada para lograr dos objetivos para la administración. Primero, dar a entender la legalidad y “sensatez” del  programa de aviones no tripulados de los EE.UU. ‘- y su comandante en jefe -, mientras en segundo lugar, se establece una especie de libro de reglas para futuros presidentes. Sin embargo, el PPG no hace ninguna.

Teniendo en cuenta el hecho de que estos procedimientos se describen como PPG y no en la ley, demuestra el hecho de que este documento no tiene esencialmente ningún efecto sobre la limitación del poder de presidentes futuros, que pueden escribir fácilmente su propio PPG, y la total indiferencia de Obama a este respecto.

Jameel Jaffer, abogado de ACLU, explicó que todo el programa de asesinatos con aviones no tripulados no tiene precedentes y es legalmente ambiguo. “El gobierno ha inventado esencialmente su propio conjunto de normas. . . para ser aplicadas en algún lugar ambiguo entre las zonas de guerra a las que afectan las leyes internacionales y las áreas exteriores”.

En esencia, el PPG ofrece sólo una visión de menor importancia sobre un proceso asombrosamente opaco y aislado, donde algunas partes de la rama ejecutiva discuten entre sí sobre a quién y cómo les gustaría matar a personas que considera amenazas. No hay ningún tipo de control sobre el tema (no de la misma manera que la que existe en prácticamente cualquier otra sección del gobierno estadounidense, donde un poder judicial independiente puede anular las decisiones del presidente o el congreso puede ver limitadas sus acciones), sin embargo, es en este preciso ámbito de la política que la presidencia de Estados Unidos ejerce su faceta más imperial.

En palabras de Faisal Ben Ali Jaber, un ingeniero de Yemen, cuyos familiares fueron asesinados por error en un ataque aéreo de Estados Unidos en 2012:

Las guerras secretas con aviones no tripulados de Obama también han matado a maestros, policías, mujeres y niños. Lo que necesitamos del presidente Obama es una disculpa – y la promesa de que no se repetirán estos terribles crímenes.

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