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Los cambios en la ley jordana limitarán los derechos humanos

"El mecanismo de control de la financiación extranjera, sin embargo, da efectivamente a las autoridades jordanas la capacidad de elegir qué proyectos de ONG están autorizados a llevarse a cabo en cada sector, lo que perjudica su capacidad de funcionar sin la desproporcionada interferencia del gobierno" Human Rights Watch.

 

Las modificaciones que se prevén en la Ley de 2008 de Asociación de Jordania “concederá al gobierno autoridad legal para disolver grupos por razones ambiguas o para negar su capacidad para obtener financiación exterior sin justificación, de esta manera se violará las leyes internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la libre asociación”, advirtió Human Rights Watch.

En un comunicado publicado el domingo, la organización dijo que las nuevas enmiendas, las cuales pueden ser aprobadas temporalmente hasta que un nuevo gobierno se establezca a finales de septiembre, incluyen la prohibición del registro de cualquier grupo cuyos objetivos violen “la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud pública, el orden público, la moral pública o los derechos y la libertad de los otros ciudadanos. ”

Las modificaciones también establecen que por recomendación de un ministro correspondiente al Comité de Registro puede “disolverse una asociación si esta realiza prácticas que violen estos propósitos.”

Las enmiendas propuestas también imponen nuevas restricciones a las ONG extranjeras que operan con “filiales locales” dentro de Jordania. Tales grupos requerirían la aprobación del Consejo de Ministros de Jordania antes de transferir de fondos al país, aprobación que puede ser negada sin justificación.

Las autoridades jordanas han justificado las nuevas medidas con el argumento de que era necesario organizar mejor el sector no gubernamental y evitar la duplicación del trabajo por la proliferación de estos grupos. “El mecanismo de control de la financiación extranjera, sin embargo, da efectivamente a las autoridades jordanas la capacidad de elegir qué proyectos de ONG están autorizados a llevarse a cabo en cada sector, lo que perjudica su capacidad de funcionar sin la desproporcionada interferencia del gobierno”, advirtió Human Rights Watch.

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