El hecho de que el gobierno británico considere adecuado invertir en un centro por la paz bautizado en honor a un presunto criminal de guerra israelí es desconcertante.

El informe concluye diciendo que la cooperación del grupo de derechos humanos “con los sistemas de investigación y de aplicación de la ley en el seno del ejército no ha logrado proporcionar justicia, sino que en lugar de eso ha prestado legitimidad al régimen de la ocupación y ha ayudado a encubrirlo”.