El nuevo acuerdo de préstamo del Fondo Monetario Internacional con Egipto deja desprotegidos los derechos económicos de millones de personas, han afirmado Human Rights Watch (HRW) y DAWN.
El préstamo de 3.000 millones de dólares es el cuarto que Egipto recibe del FMI desde 2016, en un momento en el que el Gobierno se enfrenta a una inflación galopante, un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y una elevada relación entre deuda y PIB.
Se ha aprobado para ayudar al gobierno egipcio a hacer frente a su presupuesto y balanza de pagos mientras la economía se desmorona y contribuye en cierta medida a abordar el opaco papel de los militares en la economía y la inadecuada protección social.
Pero los dos organismos de vigilancia de los derechos humanos afirman que varias disposiciones del préstamo, como la austeridad y la venta de activos estatales, corren el riesgo de perjudicar los derechos, mientras el país se enfrenta a una espiral de gastos en medio de la crisis del coste de la vida.
Según los términos del acuerdo, el Banco Central de Egipto pasó a un tipo de cambio flexible en octubre del año pasado, lo que provocó una depreciación adicional de la libra del 23%, que hizo subir aún más el precio de las importaciones y los alimentos.
Según el comunicado de prensa, en octubre de 2022 los precios de los alimentos ya habían subido un 37% con respecto al año anterior.
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Egipto, uno de los mayores importadores de trigo del mundo, se ha visto duramente afectado por la invasión rusa de Ucrania y la pandemia de coronavirus anterior.
"Los egipcios se enfrentan a una crisis del coste de la vida que ha dejado a millones de personas luchando por permitirse alimentos y otros derechos económicos", afirmó Sarah Saadoun, investigadora principal sobre pobreza y desigualdad en HRW.
"La expansión del programa de transferencia de efectivo bajo el nuevo programa del FMI, aunque es un paso positivo, no hace lo suficiente para proteger a las personas de los costos en espiral exacerbados por el programa."
Tras un programa de préstamos de 2016, se esperaba que Egipto utilizara parte del ahorro fiscal para invertir en redes de seguridad social, pero una revisión del Banco Mundial de 2022 mostró que el gasto en sanidad, educación e investigación científica no sólo es bajo según los estándares internacionales, sino que está disminuyendo.
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El nuevo acuerdo de préstamo del FMI con Egipto incluye algunas medidas para aumentar la transparencia de los activos estatales, incluidas las empresas de propiedad militar.
En Egipto, el papel de los militares en la economía es cada vez mayor y el gobierno no hace transparentes sus operaciones financieras, a pesar de que producen principalmente bienes civiles.
En virtud del nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno ha aceptado publicar todos los contratos públicos superiores a 20 millones de libras egipcias (660.000 dólares), pero su aplicación es clave. Con los programas anteriores, el gobierno no ha conseguido que el papel de los militares en la economía sea transparente o responsable.
"De hecho, el Fondo aceptó informes del gobierno egipcio sobre empresas estatales que excluían a las empresas de propiedad militar, así como declaraciones de adquisiciones defectuosas relacionadas con su gasto en Covid-19", afirma el comunicado.
"El extenso e irresponsable papel del ejército egipcio en la economía plantea graves riesgos para los derechos, y es una buena noticia que el FMI intente por fin arrojar luz sobre ellos", ha declarado Jon Hoffman, director de investigación de DAWN.
"Pero las ventas a gran escala de activos estatales sin una regulación efectiva y una supervisión transparente corren el riesgo de beneficiar a Estados con un historial de abusos contra los derechos humanos".
En virtud del nuevo préstamo, Egipto debe recaudar 8.000 millones de dólares de la venta de activos estatales principalmente a países del Golfo, lo que puede beneficiar a países con historiales de abusos contra los derechos humanos.
"Los países del Golfo con historiales de abusos contra los derechos humanos tienen un historial de uso del apoyo financiero para crear presión sobre estos países con el fin de que apoyen los objetivos de política regional de los países del Golfo, incluida la represión de grupos independientes como los Hermanos Musulmanes o el apoyo a las operaciones militares de la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen."
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