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Israel recibe 171.000 millones de inversión europea para los asentamientos ilegales

Billetes de euro [pixabay]

La inversión de empresas europeas en compañías que se benefician de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados ha aumentado en 30.000 millones de dólares en un año, según un informe del grupo de campaña Don't Buy into Occupation. El grupo es una iniciativa conjunta de 24 organizaciones palestinas, regionales y europeas para investigar y sacar a la luz las relaciones financieras entre empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes e instituciones financieras europeas.

El segundo informe del grupo - "Exponiendo los flujos financieros hacia los asentamientos ilegales israelíes"- encontró que entre enero de 2019 y agosto de 2022, 725 instituciones financieras europeas, incluidos bancos, administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, tenían relaciones financieras con 50 empresas que están activamente involucradas con los asentamientos israelíes. Todos los colonos y asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional.

En el periodo de tres años que abarca el informe, se concedieron 171.400 millones de dólares en forma de préstamos y suscripciones. La cifra representa un aumento de 30.000 millones desde el año pasado, cuando las empresas europeas invirtieron 141.000 millones en asentamientos ilegales. En agosto de 2022, los inversores europeos también poseían 115.500 millones de dólares en acciones y bonos de empresas que se beneficiaban de los asentamientos.

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Los palestinos consideran los asentamientos una continuación de la limpieza étnica que comenzó en 1947/48; son uno de los principales motores de la toma de Palestina por Israel. Formalmente, la posición europea acepta que todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados son ilegales según el Derecho internacional. Además, la UE no reconocerá ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluida Jerusalén, que no sea el acordado por ambas partes. Sin embargo, en la práctica esa postura se ve claramente socavada.

El informe advierte de que las empresas que participan directa o indirectamente en los asentamientos israelíes corren un alto riesgo de verse implicadas en graves violaciones del derecho internacional humanitario, ser cómplices de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y contribuir a violaciones de los derechos humanos. Por ello, se insta a las empresas a considerar una "retirada responsable" de los asentamientos. "La desvinculación responsable es una norma global de conducta esperada para todas las empresas dondequiera que operen, y existe con independencia de la capacidad y voluntad de los Estados para cumplir sus propias obligaciones en materia de derechos humanos", explicó Don't Buy into the Occupation.

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El grupo argumentó que las instituciones financieras internacionales, incluidos bancos y fondos de pensiones, tienen la responsabilidad, en virtud de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE, de utilizar su influencia y garantizar que las empresas en las que invierten actúan de forma responsable y conforme a las normas del derecho internacional, y de desinvertir en aquellas que no lo hacen.

En los últimos años, varias instituciones financieras han asumido su responsabilidad, desinvirtiendo en empresas vinculadas a asentamientos israelíes por el riesgo de verse implicadas en graves violaciones. Tres ejemplos relativamente recientes citados en el informe son los de Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Storebrand y el Fondo de Pensiones Global del Gobierno Noruego (GPFG). También menciona que ABP, el mayor fondo de pensiones de los Países Bajos, desinvirtió en dos bancos israelíes en junio de 2020 (Bank Leumi y Bank Hapoalim).

En 2020, la ONU puso en marcha una base de datos de empresas que participan en asentamientos israelíes. Don't Buy into the Occupation instó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a cumplir su mandato de actualizar y publicar anualmente la base de datos de la ONU sobre empresas comerciales, y a añadir las firmas que participan en una o más de las "actividades enumeradas que suscitan especial preocupación en materia de derechos humanos."

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