Indonesia ha ilegalizado las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la difamación del presidente y ha ampliado las leyes contra la blasfemia en un nuevo conjunto de leyes que han suscitado críticas generalizadas de grupos de derechos humanos.
El gobierno intentó aprobar una ley similar en 2019, pero tras la publicación de un borrador decenas de miles de manifestantes que sentían que se habían violado sus derechos constitucionales salieron a la calle.
Según las nuevas leyes, las parejas no casadas que vivan juntas se enfrentan hasta a un año de cárcel o a una multa de diez millones de rupias, el equivalente a 710 dólares, y los padres o hijos podrán denunciar a la policía a las parejas no casadas.
Según la ley de blasfemia, cualquiera que persuada a otra persona para que no sea creyente puede ser acusado e insultar a un presidente en ejercicio puede suponer hasta tres años de cárcel.
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Siendo la tercera democracia más grande del mundo, los críticos han criticado la ley alegando que socava las libertades civiles.
Los grupos de derechos humanos han afirmado que confirma el creciente conservadurismo del país. En la provincia de Aceh ya están prohibidos el alcohol y el juego, y la homosexualidad y el adulterio se castigan con la flagelación pública.
Human Rights Watch (HRW) ha manifestado que el nuevo código penal viola los derechos de las mujeres, las minorías religiosas y las personas LQBT.
"El peligro de las leyes opresivas no es que se apliquen ampliamente. El peligro de las leyes opresivas no es que se apliquen ampliamente, sino que den pie a una aplicación selectiva", ha declarado Andreas Harsono, investigador principal sobre Indonesia de la organización de defensa de los derechos humanos.
"Estas leyes permiten a la policía extorsionar sobornos, permiten a los funcionarios encarcelar a enemigos políticos, por ejemplo, con los artículos sobre blasfemia".
Según el nuevo Código Penal, el aborto es ilegal, salvo para las víctimas de violación, al igual que la práctica de la magia negra.
El código penal se aplica tanto a los extranjeros como a los ciudadanos. Se espera que las nuevas leyes sean impugnadas ante los tribunales en los próximos tres años, antes de que entren en vigor.
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