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El último informe de Amnistía arroja dudas sobre si trabaja para el opresor o para el oprimido

Se ven edificios dañados después de que las fuerzas rusas atacaran zonas residenciales en Kharkiv, Ucrania, el 23 de julio de 2022 [Abdullah Ünver/Anadolu Agency].

Una tormenta parece estar azotando a Amnistía Internacional (AI). La organización no gubernamental internacional ha sido objeto de fuertes críticas desde la publicación de su informe, el 4 de agosto de 2022, sobre la supuesta conducta de los militares ucranianos durante la actual guerra ruso-ucraniana.

La organización internacional de derechos humanos afirma que su personal pasó dos meses en Ucrania realizando su investigación, recogiendo pruebas y entrevistando a los residentes locales.

El informe acusa a la parte ucraniana de situar su ejército y su artillería cerca de infraestructuras civiles, como hospitales, escuelas y barrios residenciales, lo que podría equivaler a crímenes de guerra. Al disparar desde estos lugares, las tropas ucranianas atraerían las represalias de las fuerzas rusas, poniendo en peligro a los civiles y causando daños a las infraestructuras civiles. El informe también criticaba al ejército ucraniano por carecer de planes de evacuación para los civiles en las zonas de conflicto.

Estas afirmaciones provocaron la respuesta inmediata del gobierno ucraniano. En una rueda de prensa, la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, rechazó las acusaciones de Amnistía. Dejando las cosas claras, Maliar acusó a Amnistía de dar la vuelta a la situación al no informar de que los soldados ucranianos estaban desplegados en zonas pobladas para defenderlas de la invasión rusa. También añadió que Ucrania "realiza regularmente evacuaciones de civiles de las zonas de conflicto". Sin embargo, miles de personas no pueden huir de algunas poblaciones de la línea del frente debido a la intensidad del conflicto.

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Las críticas más duras vinieron de Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, que declaró que "cualquier intento de cuestionar el derecho de los ucranianos a resistir el genocidio, a proteger a sus familias y hogares... es una perversión". Del mismo modo, el asesor presidencial Mykhailo Podolyak tuiteó que "la única amenaza para Ucrania es un ejército ruso de verdugos y violadores que viene a Ucrania a cometer un genocidio".

Peor aún, la directora de Amnistía en Kiev, Oksana Pokaltschuk, dimitió el 6 de agosto, alegando desacuerdos con el informe. Según ella, la publicación contiene varias discrepancias, y los autores eran en su mayoría extranjeros que no contaron con la ayuda de expertos locales. El resultado, según Pokaltschuk, es que "este estudio se ha convertido en una herramienta de propaganda rusa".

Dado el nombre que Amnistía se había forjado a nivel internacional, la controversia suscitada por el informe representaba la oportunidad perfecta para que los infoguerreros del Kremlin explotaran sus conclusiones al servicio de su narrativa, al tiempo que dañaban la reputación de su enemigo.

La primera salva se dio a través de la cuenta de Twitter de la embajada rusa en el Reino Unido, que citó el informe de Amnistía, afirmando que "Amnistía confirma... exactamente lo que Rusia ha estado diciendo todo el tiempo". Tal declaración no es una sorpresa, ya que el libro de jugadas de Moscú es oportunista, y cualquier oportunidad de dirigirse a "la conciencia de las masas" es aprovechada sin reservas.

En consecuencia, las cuentas, los trolls y los bots prorrusos se desbocaron en las redes sociales, utilizando el informe y las conclusiones de Amnistía para demostrar su versión de que la parte rusa no es, de hecho, culpable de atacar deliberadamente a los civiles; simplemente toma represalias contra un ejército ucraniano que supuestamente toma a los civiles como escudos humanos.

Esta campaña en las redes sociales ha exacerbado aún más la situación, y ha provocado llamamientos para que se cancelen las donaciones y las afiliaciones a la organización de derechos humanos.

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Las cosas empeoraron cuando la metodología del informe de Amnistía se puso en tela de juicio. Al parecer, los investigadores de Amnistía entrevistaron a ucranianos desplazados a territorios ocupados por Rusia, incluidos campos de detención y cárceles. También se alega que elementos de los servicios secretos rusos estuvieron presentes durante estas entrevistas. Para colmo de males, los expertos jurídicos consideraron que el informe carece de conocimientos sobre el derecho internacional.

Algunos observadores trataron de diluir el impacto del informe, afirmando que décadas de defensa de los derechos humanos no deberían ser borradas por un informe mal concebido. Sin embargo, no se trata de una sola publicación. Se trata de numerosas posiciones que parecen alinearse con la agenda del Kremlin. Por ejemplo, Amnistía Internacional despojó en un momento dado al líder de la oposición rusa Alexei Navalny de su condición de "preso de conciencia", que le ofrecía cierta protección mientras estaba en prisión. También condenó a Polonia, Letonia y Lituania por oponerse a que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko armara a los refugiados.

Hubo un tiempo, tras la Guerra Fría, en el que los actores no estatales se percibían como fuerzas benévolas que podían influir positivamente en la elaboración de la política internacional. Se propusieron teorías internacionales que señalaban cómo el crecimiento de los actores no estatales podía incluso debilitar el paradigma "estadocéntrico" de la política internacional. Es cierto que el crecimiento de las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONGI), que alcanzan al menos 40.000 en todo el mundo, es un tributo a su destacado papel en la escena mundial. Muchos pensaron que ese crecimiento orientaría los asuntos internacionales hacia resultados más justos en favor de los ciudadanos.

Sin embargo, los múltiples escándalos que han sacudido este ámbito no son un buen augurio para la credibilidad y la sostenibilidad de las ONGI. A lo largo de los últimos 20 años, han aparecido recurrentemente en los titulares acusaciones que van desde la ineficacia de la gestión y la falta de responsabilidad hasta la malversación de fondos y la explotación sexual.

El informe más reciente de Amnistía es una prueba más de la falta de transparencia que afecta a este sector. Es hora de comprender que las ONGI, especialmente las que se centran en los derechos humanos, no son ángeles. A veces, siguen agendas políticas que no sirven a los desvalidos de este mundo por el que dicen hablar. Algunas llegan incluso a alinearse con los agresores en contra de sus víctimas. Y lo que es peor, muchas de sus conclusiones están contaminadas por una falsa equivalencia, por la que se equipara a las víctimas con sus verdugos.

El informe de Amnistía representa la mayoría, si no todas, de estas desagradables características. También es sintomático de cómo segmentos de la izquierda europea siguen estando en sintonía con la agenda del Kremlin. La posterior tormenta que ha afectado a la organización internacional podría acabar devastando su prestigio y credibilidad. Por lo tanto, a menos que Amnistía Internacional y otras ONG internacionales limpien sus actos, y hasta que lo hagan, sus recomendaciones no serán más que palabrería, y no estarán en condiciones de dar lecciones a nadie sobre democracia y derechos humanos.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

 

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Director del Centro de Investigación Mundial TRT.

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