El Tribunal Supremo de Israel rechazó el domingo un recurso para reabrir una investigación sobre la muerte de cuatro niños palestinos por ataques aéreos israelíes mientras jugaban en una playa de la Franja de Gaza. El ataque tuvo lugar durante la ofensiva militar israelí de 2014 sobre el territorio asediado.
La decisión ha sido criticada por la familia y los abogados de los niños, que han dicho que es otra indicación de que el Estado de ocupación es incapaz y no está dispuesto a procesar a los soldados israelíes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En su sentencia, el tribunal confirma las decisiones anteriores de los investigadores militares y las autoridades judiciales israelíes que determinaron que el asesinato de los niños de la familia Bakr -todos ellos de entre 10 y 11 años- cuando jugaban al fútbol en la playa fue un trágico error. "Con todo el dolor y la angustia por el trágico y difícil desenlace del suceso en esta petición, [no] encontramos que los peticionarios señalaran un fallo en la decisión del fiscal general", coincidieron todos los jueces presidentes. El fallo fue firmado por la presidenta del tribunal, Esther Hayut, y aprobado por otros dos magistrados.
La investigación del ejército israelí exoneró al soldado responsable, y afirmó que la zona en la que jugaban los niños "era conocida desde hacía tiempo como un recinto perteneciente a la Policía Naval y a la Fuerza Naval de Hamás (incluidos los comandos navales), y que era utilizado exclusivamente por militantes".
Esta afirmación ha sido rebatida desde hace tiempo por la familia y los periodistas que presenciaron la matanza. La cabaña alrededor de la cual jugaban los niños estaba a la vista de los hoteles cercanos donde se alojaban los periodistas internacionales. Todos ellos informaron de que no vieron a ningún militante en esa zona en el momento del ataque. También confirmaron que la zona era de fácil acceso tanto para los pescadores como para los palestinos locales que visitan la playa para nadar y relajarse, por lo que no era un lugar adecuado para guardar suministros militares, como afirmaba Israel. Además, la investigación descubrió que el contenedor que describía el informe israelí no contenía en realidad ningún rastro de equipo militar.
En agosto de 2018, The Intercept reveló que un informe secreto de la policía militar israelí decía que los ataques de ese fatídico día se realizaron sin autorización. Según el informe filtrado, los operadores de drones israelíes confesaron que se pusieron en contacto con sus superiores después de matar al primer niño, solicitando autorización para el segundo ataque y aclaraciones sobre qué hacer con los niños que huían y que supuestamente confundieron con militantes. Sin embargo, el informe afirma que "menos de un minuto después, los operadores de drones decidieron lanzar un segundo misil, matando a otros tres niños, a pesar de no haber obtenido respuesta a su pregunta".
El asesinato de los niños Bakr fue una prueba más, insisten los críticos, de que Israel estaba atacando indiscriminadamente a civiles y zonas civiles en los numerosos ataques aéreos que llevó a cabo en la Franja de Gaza en 2014. De los 2.250 palestinos que murieron durante el bombardeo israelí, 500 eran niños. Otras 11.000 personas resultaron heridas.
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Para la familia, Israel ha actuado como "el criminal y el juez", dijo Zakaria Bakr, tío de los niños muertos. "No nos sorprende la decisión porque incluso el llamado Tribunal Supremo sólo actúa a favor de los soldados y los protege", dijo. Se comprometió a seguir luchando para que el caso sea juzgado por un tribunal internacional.
El recurso ante el Tribunal Supremo fue presentado por tres organizaciones de derechos humanos: el grupo israelí Adalah y el Centro Palestino de Derechos Humanos y Al-Mezan, con sede en Gaza. En una declaración conjunta, los grupos afirmaron que "la decisión es una prueba más de que Israel es incapaz y no está dispuesto a investigar y procesar a los soldados y comandantes por crímenes de guerra contra civiles palestinos".
Los miembros de la familia Bakr prestaron testimonio en una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre supuestos crímenes israelíes en los territorios palestinos ocupados. Israel ha rechazado el caso de la CPI, afirmando que su sistema jurídico es capaz de investigar a los militares. Además, el Estado ocupante ha acusado a la CPI de "antisemitismo" al examinar los crímenes que supuestamente han cometido los soldados israelíes.
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