Las penas de prisión dictadas por un tribunal de excepción contra Alaa Abdelfattah, Mohamed Baqer y Mohmed Oxygen en octubre del año pasado no incluyen los dos años que estuvieron en prisión preventiva antes.
La esposa de Baqer, Naema Hisham, se enteró de que la condena de cuatro años de prisión de su marido fue ratificada el 3 de enero de 2022 hasta enero de 2026, informa Mada Masr, aunque está detenido desde septiembre de 2019.
Los abogados confirmaron a Mada Masr que la condena de cinco años de prisión impuesta a Alaa y la de cuatro años impuesta a Baqer y Oxygen por el Tribunal de Seguridad del Estado de Emergencia (ESSC) por "difundir noticias falsas y socavar la seguridad nacional" no se les descontará el periodo de prisión preventiva de sus condenas.
Abdelfattah es un bloguero y miembro del "no a los juicios militares para civiles", Oxygen es un bloguero que informaba sobre cuestiones de derechos humanos en Egipto y Baqer es un abogado de derechos humanos que fue detenido mientras defendía a Abdelfattah.
La Federación Internacional de Derechos Humanos afirma que sus cargos están relacionados con publicaciones en las redes sociales sobre violaciones de derechos humanos en Egipto.
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En julio de 2021, Oxygen intentó suicidarse después de que se le negaran las visitas de su familia durante sus dos años de prisión preventiva, y Abdelfattah dijo que se había suicidado después de que se renovara su prisión preventiva en septiembre del año pasado.
No se informó a sus abogados del juicio, por lo que no pudieron defenderlos, y no se les permitió ver una copia oficial de los documentos de sus expedientes.
Las autoridades han justificado la decisión diciendo que el primer caso por el que fueron juzgados es diferente del segundo, aunque los cargos de noticias falsas en ambos casos son idénticos.
Los tribunales estatales de excepción han estado en el punto de mira en los últimos meses, ya que estaban activos en virtud de la ley de excepción que no se renovó el año pasado por primera vez desde 2017.
Aunque ya no se utilizarán, el gobierno anunció que cualquier persona que ya hubiera sido remitida a uno antes del fin de la ley de emergencia seguiría siendo juzgada al respecto, en una medida que los grupos de derechos humanos han criticado.
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Alaa, Baqer y Oxígeno fueron remitidos a un CSS menos de dos semanas antes del fin del estado de excepción. Human Rights Watch (HRW) ha identificado a 48 personas en prisión preventiva que fueron remitidas a tribunales de excepción antes del final del estado de excepción.
Las sentencias de estos tribunales no pueden ser recurridas, sólo pueden ser anuladas con un indulto del presidente.
En un caso muy destacado, el investigador egipcio Patrick Zaki fue juzgado en un tribunal de excepción tras ser acusado de "difundir noticias falsas dentro y fuera del país" después de escribir un artículo en el que detallaba su vida como cristiano copto.
Zaki fue finalmente liberado de la cárcel en diciembre del año pasado, pero todavía se enfrenta a cargos de "difusión de noticias falsas" y podría ser detenido de nuevo.
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