Testigos presenciales afirmaron que los servicios de Internet fueron interrumpidos en la capital sudanesa, Jartum, en las primeras horas de la mañana del sábado, justo antes de las manifestaciones convocadas por las fuerzas sudanesas a favor de un gobierno civil.
Las fuerzas sudanesas y los grupos opuestos a la autoridad existente comenzaron a movilizarse para lograr una amplia participación pública en nuevas manifestaciones el sábado, pidiendo el establecimiento de una autoridad civil plena.
La Asociación de Profesionales de Sudán emitió un comunicado en el que pedía que las manifestaciones exigieran el establecimiento de una "autoridad nacional civil pura, emanada de las fuerzas revolucionarias vivas y comprometidas con el cambio radical".
Esto se produjo poco después de que las Fuerzas de la Libertad y el Cambio anunciaran su visión política de lo que describieron como una "derrota" del golpe militar, y el establecimiento de una autoridad civil para dirigir el periodo de transición.
Las fuerzas que participan en la antigua coalición gobernante afirmaron en un comunicado que "la derrota del golpe requiere la construcción del más amplio frente popular para oponerse a él, utilizando todos los medios pacíficos probados", y añadieron que "el frente popular se construye sobre la base de una sólida coordinación entre las fuerzas políticas, los comités de resistencia, los grupos profesionales y sindicales, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los grupos reivindicativos y las organizaciones sudanesas en la diáspora".
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Cabe destacar que las Fuerzas de la Libertad y el Cambio de Sudán han experimentado recientemente fuertes diferencias entre sus componentes, que se formaron tras el derrocamiento del ex presidente Omar al-Bashir.
La declaración emitida por las fuerzas indicaba que su visión política "incluye el inicio de un proceso constitucional integral, que culmine en una conferencia constitucional nacional que siente las bases de la constitución permanente del país, la continuación de la apertura exterior de acuerdo con una política nacional equilibrada, y el lanzamiento de un proceso integral para la justicia de transición que exponga los crímenes, repare a las víctimas y garantice que no se repitan estos crímenes de nuevo".
Según la declaración, la visión política también incluye "llevar a cabo reformas urgentes en las fuerzas de seguridad y policiales bajo la plena supervisión de una autoridad civil, la reforma de los organismos judiciales y de la justicia, y alcanzar una carta integral que regule la relación entre los civiles y la institución militar".
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