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China contraataca sobre la ley uigur de EE.UU.: "guárdense sus calificaciones de esclavitud y genocidio para ustedes mismos"

Unas personas se reúnen en Turquía para organizar una protesta contra las políticas y las violaciones de los derechos humanos de China hacia los uigures el 25 de marzo de 2021 [Eren Bozkurt/Anadolu Agency].

China arremetió el viernes contra Estados Unidos por una nueva ley relacionada con los uigures, diciendo que "debería guardarse las etiquetas de 'trabajo forzado' y 'genocidio' para sí mismo", informó la Agencia Anadolu.

La legislación estadounidense "denigra maliciosamente la situación de los derechos humanos en... Xinjiang sin tener en cuenta los hechos y la verdad", decía un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en referencia a la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures, firmada el jueves por el presidente estadounidense Joe Biden.

"Viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales e interfiere groseramente en los asuntos internos de China. China lo deplora y lo rechaza con firmeza", dice el comunicado.

Acusó a EE.UU. de "utilizar las cuestiones relacionadas con Xinjiang para crear rumores y crear problemas" y "participar en la manipulación política y la coerción económica".

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La ley estadounidense prohíbe las importaciones procedentes de la región autónoma de Xinjiang, de mayoría uigur, en el noroeste de China, e impone sanciones a personas extranjeras responsables de supuestos trabajos forzados en la región.

"Es absurdo que EE.UU., un país con un historial deplorable en materia de derechos humanos, acuse y difame a China", dice el comunicado.

"EE.UU. tiene graves problemas de tráfico de personas y trabajos forzados. En los últimos cinco años, hasta 100.000 personas fueron introducidas anualmente en Estados Unidos para realizar trabajos forzados. Los crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado contra los nativos americanos constituyen un genocidio de facto. Estados Unidos debería guardarse las etiquetas de "trabajos forzados" y "genocidio" para sí mismo".

El ministerio subrayó que "las cuestiones relacionadas con Xinjiang no son en absoluto cuestiones de derechos humanos, sino que en esencia se trata de contrarrestar el terrorismo violento y el separatismo".

"Las supuestas acusaciones de 'trabajos forzados' y 'genocidio' en Xinjiang no son más que viles mentiras urdidas por las fuerzas antichinas", afirmó el ministerio, añadiendo que Washington está "intentando socavar la prosperidad y la estabilidad de Xinjiang y contener el desarrollo de China bajo el pretexto de los derechos humanos."

"Los actos de EEUU violan totalmente los principios del mercado y la ética comercial. Tales medidas no harán más que socavar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales, perturbar el orden comercial internacional y perjudicar los propios intereses y la credibilidad de Estados Unidos", se lee en el comunicado.

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"La roca que están levantando acabará cayendo sobre sus propios pies".

Se pide a EEUU "que corrija el error de inmediato y deje de utilizar los asuntos relacionados con Xinjiang para difundir mentiras, interferir en los asuntos internos de China y contener su desarrollo."

"China dará una nueva respuesta en función de la evolución de la situación", añadió el comunicado.

El proyecto de ley estadounidense fue presentado por los senadores Marco Rubio y Jeff Merkley el año pasado y fue aprobado por la Cámara y el Senado en las últimas semanas.

"Esta es la acción más importante e impactante tomada hasta ahora por Estados Unidos para responsabilizar al Partido Comunista Chino por su uso de mano de obra esclava", dijo Rubio tras la firma.

A lo largo de los años, varios países han acusado a China de limpieza étnica de uigures en Xinjiang.

Según datos de la ONU, al menos un millón de uigures están retenidos contra su voluntad en lugares que Pekín llama "centros de formación profesional" y que la comunidad internacional define como "campos de reeducación".

Aunque la ONU y otras organizaciones internacionales han pedido en repetidas ocasiones que se abran los campos para su inspección, China ha permitido que unos pocos de sus centros designados sean vistos parcialmente por un reducido número de diplomáticos y periodistas extranjeros.

Pekín ha negado insistentemente cualquier delito, desestimando las acusaciones como "mentiras y (un) virus político".

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