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Ghannouchi: "rechazamos la interrupción del parlamento durante un año más"

Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 26 de julio de 2021 muestra al presidente tunecino Kais Saied (I) en una gira de campaña electoral en la capital, Túnez, el 10 de septiembre de 2019, y al fundador del partido islamista Ennahdha, Rached Ghannouchi, dirigiéndose al Foro Económico Mundial en Davos el 24 de enero de 2014 [FETHI BELAID, ERIC PIERMONT/AFP vía Getty Images].

El presidente del Parlamento de Túnez, Rached Ghannouchi, insistió ayer en el "absoluto rechazo" a la interrupción del gobierno durante un año más, considerando la medida "inconstitucional e ilegal".

"No se puede poner fin a la profunda crisis del país si no es a través de la abolición inmediata de las medidas excepcionales y el inicio de un diálogo nacional inclusivo para formar por unanimidad el futuro del país", dijo.

En la declaración, Ghannouchi subrayó que cualquier modificación de la Constitución debe realizarse a través de los cauces previstos en la Constitución de 2014.

Esto se produce días después de que el presidente Kais Saied anunciara la celebración de un referéndum sobre las reformas constitucionales el 25 de julio, y de elecciones legislativas el 17 de diciembre de 2022.

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Saied ha tenido un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió la autoridad ejecutiva alegando una emergencia nacional.

El 29 de septiembre nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno.

La mayoría de los partidos políticos del país criticaron la medida como un "golpe de estado contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.

En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".

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