Los indicadores para 2021 publicados ayer por la Comisión independiente de Derechos Humanos de Irak revelan estadísticas relativas a la condición general de la población del país. El informe abarca cuestiones relacionadas con la vida, la seguridad y la libertad, así como las vinculadas a la educación, la salud, el desempleo y la pérdida de los padres.
El informe de la comisión señala que hay alrededor de cinco millones de huérfanos, lo que supone el 5% del total de huérfanos del mundo. Esto refleja la enormidad de las pérdidas humanas y las catástrofes que han afectado a la población iraquí, especialmente a los niños, como consecuencia de la violencia y las asociadas a la guerra contra el terrorismo.
Las estadísticas sobre derechos humanos no terminan con la pérdida de los padres por parte de los niños. Revelan que más de un millón de niños están en el mercado laboral debido a la aguda pobreza de sus familias. También hay 45.000 niños sin documentos oficiales debido a la afiliación de sus padres a Daesh. Según el informe, 4,5 millones de niños pertenecen a familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Al menos 5.000 familias han denunciado actos de violencia.
El miembro fundador de la comisión, Ali Al-Bayati, dijo a Asharq Al-Awsat que el número de huérfanos citado fue proporcionado por UNICEF, mientras que el resto de los indicadores se tomaron de las cifras publicadas por el Ministerio de Planificación en Bagdad y otras agencias de la ONU, o de las quejas recibidas por la comisión.
Los indicadores también muestran que el 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Esta cifra incluye la región autónoma del Kurdistán. La tasa de desempleo, según el informe, es del 14%. Algo menos de 600 ciudadanos iraquíes -596- han muerto como consecuencia de la violencia este año.
El número acumulado de personas desaparecidas desde 2014 alcanza ya las 8.000. La comisión señaló que las autoridades iraquíes han fallado a los desaparecidos y a sus familias al no llevar a cabo las investigaciones necesarias sobre su desaparición ni compensar económicamente a sus familias. La mayoría de los casos de pérdidas o desapariciones forzadas se produjeron en las provincias que fueron ocupadas por Daesh después de 2014.
La comisión también señaló que diez activistas y periodistas han sido detenidos. Además, recibió 900 denuncias relacionadas con la tortura y los malos tratos a los presos, prácticas que nunca fueron investigadas por las autoridades.
En cuanto a los sectores de la educación y la sanidad, el informe revela las horribles condiciones en las que se educa a los alumnos y estudiantes. Hay 1.000 edificios escolares hechos de barro; Irak necesita 8.000 escuelas nuevas. La tasa de alumnos que no reciben educación y abandonan el sector antes de tiempo es ahora del 73% de media en todos los niveles, incluidas las universidades. Las cifras por nivel son el 91% en las escuelas primarias, el 36% en las intermedias, el 18% en las secundarias y el 14% en las universidades.
En el sector sanitario, el informe revela que 175 personas murieron y 150 resultaron heridas en los incendios del hospital Ibn Al-Khatib de Bagdad y del hospital Al-Hussein de Nasiriyah. Ambos hospitales han sido utilizados para el aislamiento de los pacientes de Covid-19.
En el sector de la vivienda, Irak necesita urgentemente 3,5 millones de viviendas para superar la crisis actual. Hay 4.000 chabolas en las que viven alrededor de medio millón de familias, sobre todo en Bagdad, que tiene 1.022 chabolas; la provincia sureña de Basora, rica en petróleo, tiene 700 chabolas. Cabe señalar que la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irak salen de esta provincia y se calcula que en noviembre generaron unos ingresos de 8.000 millones de dólares, según las cifras publicadas por la Organización Estatal para la Comercialización del Petróleo.
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En el sector del transporte, y debido a las pésimas condiciones de la mayoría de las carreteras y a la falta de control del tráfico, la comisión registró 8.286 accidentes de tráfico que provocaron la muerte de 2.152 ciudadanos.
Llama la atención que las estadísticas e indicadores facilitados por la Comisión de Derechos Humanos se produzcan apenas unos días después de que los miembros de su junta directiva volvieran a trabajar después de que el Parlamento decidiera suspenderla "sin motivo legal". Ahora vuelve a funcionar.
La ley establece que el parlamento iraquí debe elegir una nueva junta para la comisión, pero la disolución del parlamento anterior antes de las elecciones legislativas del pasado octubre básicamente detuvo su trabajo. La Constitución iraquí encomienda a la comisión la supervisión de la situación de los derechos humanos en el país.
Este artículo apareció por primera vez en árabe en Asharq Al-Awsat el 12 de diciembre de 2021
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