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Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio de Sudán acusan al ejército de cometer un genocidio

Sudaneses realizan una manifestación exigiendo el fin de la intervención militar y el traspaso de la administración a los civiles en Jartum, Sudán, el 30 de octubre de 2021. [Ömer Erdem - Agencia Anadolu]

Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC) de Sudán acusaron ayer a las autoridades locales de "cometer un genocidio contra los manifestantes pacíficos".

La declaración de las FFC se produce un día después de que se informara de la muerte de 15 manifestantes antigolpistas el miércoles a manos de las fuerzas de seguridad en Jartum, la capital sudanesa.

"Las fuerzas golpistas cometieron una masacre en las manifestaciones del miércoles disparando con munición real, dejando al menos 15 muertos y más de 100 muertos", dice el comunicado.

El grupo opositor calificó los asesinatos de "sistemáticos", señalando que "se cuentan como genocidio y crímenes contra la humanidad".

"Las fuerzas de seguridad siguen asediando los barrios del distrito de Bahri, en el norte de Jartum, al tiempo que detienen a las revolucionarias", señaló el FFC, y añadió que las fuerzas del ejército impedían que las ambulancias llegaran a los civiles heridos, al tiempo que impedían que los manifestantes heridos llegaran a los hospitales para recibir tratamiento.

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FCC subrayó que no se puede "confiar la dirección del golpe a nuestra patria". "Los militares son el verdadero obstáculo en el camino de la implementación de los objetivos de la revolución y la restauración del gobierno civil legítimo", reiteró el comunicado.

La Asociación de Profesionales de Sudán afirmó el miércoles que 15 manifestantes habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según los informes, los manifestantes exigían que el ejército abandonara el poder.

El 25 de octubre, el jefe del Estado Mayor sudanés, Abdel Fattah Al-Burhan, declaró el estado de emergencia, disolvió el Consejo de Soberanía y los ministros de la transición, destituyó a los gobernadores y detuvo a dirigentes de partidos, ministros y funcionarios. La medida fue ampliamente condenada por gobiernos y organizaciones internacionales.

Antes de la declaración, Sudán vivía desde agosto de 2019 un periodo de transición de 53 meses, durante el cual el poder era compartido por el ejército, las fuerzas civiles y los movimientos armados en base a un acuerdo de paz que se firmó con el gobierno en 2020. Se esperaba que la transición terminara con la celebración de elecciones a principios de 2024.

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