"Los asentamientos israelíes son un presunto crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y deben ser tratados como tales por la comunidad internacional", declararon los informantes especiales de la ONU, Michael Lynk y Balakrishan Rajagopal, en una declaración a principios de este mes. Esto va un paso más allá de las resoluciones no vinculantes en las que suelen basarse los funcionarios de la ONU para reprender a Israel por la expansión de sus asentamientos.
Hasta ahora, la comunidad internacional sólo se ha pronunciado sobre la expansión de los asentamientos como una infracción del derecho internacional. Cuando la CPI aclaró su posición con respecto a la expansión colonial de Israel, la ONU se mantuvo a distancia y emitió las habituales declaraciones superficiales que no hicieron nada para respaldar la declaración de crímenes de guerra.
La declaración de los relatores especiales de la ONU analiza los últimos planes del gobierno israelí para la construcción de asentamientos en la Jerusalén Oriental ocupada y de más viviendas para colonos en la Cisjordania ocupada. "La propia razón de ser de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados -la creación de hechos demográficos sobre el terreno para consolidar una presencia permanente, una consolidación del control político ajeno y una reclamación ilegal de soberanía- atenta contra los preceptos fundamentales del derecho humanitario y de los derechos humanos", afirman Lynk y Rajagopal.
Una conclusión mordaz llama la atención sobre los fallos de la comunidad internacional en la defensa de la responsabilidad cuando se trata de Israel: "Una comunidad internacional que no impone medidas de rendición de cuentas a una potencia ocupante desafiante, en contra del derecho internacional, no puede tomarse en serio sus propias leyes".
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Si la comunidad internacional se tomara en serio lo de pedir cuentas a Israel, habría rastreado su propia culpabilidad hasta el Plan de Partición de 1947, que ahora se conmemora hipócritamente como el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Además, se habría opuesto colectivamente a la última designación de organizaciones de la sociedad civil palestina como grupos terroristas por parte del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, y se habría entendido en el marco de esas organizaciones que denuncian la expansión colonial y los crímenes de guerra de Israel.
Pero el hecho de que la comunidad internacional distinga entre Israel y su expansión de asentamientos ha mantenido al Estado colono-colonial inmune a las repercusiones. La expansión de los asentamientos ha sido tratada como un fenómeno sin culpable, y ligada en gran medida al marco humanitario que ha sustituido los derechos políticos de los palestinos a la tierra por una escasa ayuda.
Cuando la CPI emitió su alerta de crímenes de guerra, la ONU tuvo una gran oportunidad de alinear sus supuestos valores de derechos humanos con los esfuerzos por establecer la responsabilidad penal. En lugar de ello, creó una discrepancia mayor al negarse a considerar siquiera la acusación de crímenes de guerra contra Israel, permitiendo así al gobierno israelí un amplio espacio para politizar su oposición a las investigaciones, así como para ejercer presión contra la decisión de la CPI.
¿Hará caso la ONU de la última advertencia? Probablemente no. No es la primera vez que Lynk señala el papel de la comunidad internacional en la impunidad israelí, pero la ONU sigue atrincherada en su autodenominado olvido. La verdad es que, como señaló Lynk, no se puede tomar en serio a la ONU. Una fuerte admisión si se tiene en cuenta que la cuestión palestina, como le gusta a la ONU referirse a la colonización, ha estado en manos de los cómplices de Israel, y los palestinos han tenido que recurrir a las mismas instituciones culpables para su resolución.
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