Decenas de tunecinos participaron en una sentada en la capital, Túnez, para exigir el "levantamiento de las restricciones a la libertad de expresión y de opinión", tras el juicio a un activista estudiantil.
Activistas y miembros de la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGTE), un sindicato estudiantil, participaron en una protesta con el trasfondo del juicio al activista estudiantil Othman Al-Aridi.
Al-Aridi, que ha quedado en libertad bajo fianza, declaró: "Fui detenido por manifestarme en la capital hace unas dos semanas, y esto se debió a acusaciones malintencionadas".
"Más tarde se demostró, cuando me presentaron ante la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia por cargos de agresión e intento de apuñalar a un agente de seguridad, que era incorrecto".
"Mi mensaje, junto con el de los participantes en la protesta de hoy, se basa en la necesidad de respetar el derecho a la libertad de expresión y de opinión de todos los tunecinos. Estos derechos no deben ser restringidos por nuestro desacuerdo".
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Varios partidos de derechos humanos de Túnez han advertido recientemente del retroceso de las libertades y del aumento de las restricciones a la libertad de expresión.
Todo ello a pesar de que el presidente Kais Saied subrayó que "no hay lugar para violar los derechos humanos, y no hay lugar para violar los derechos y las libertades, porque nunca lo aceptaremos".
Saied ostenta un poder casi total desde el 25 de julio, cuando destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió el poder ejecutivo alegando una emergencia nacional.
El 29 de septiembre nombró un primer ministro y desde entonces se ha formado un gobierno.
La mayoría de los partidos políticos del país criticaron la medida como un "golpe de estado contra la Constitución" y los logros de la revolución de 2011. Los críticos afirman que las decisiones de Saied han reforzado los poderes de la presidencia en detrimento del parlamento y el gobierno, y que pretende transformar el gobierno del país en un sistema presidencialista.
En más de una ocasión, Saied, que inició un mandato presidencial de cinco años en 2019, dijo que sus decisiones excepcionales no son un golpe de Estado, sino medidas en el marco de la Constitución para proteger al Estado de un "peligro inminente".
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