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Israel ilegaliza 6 grupos de derechos humanos palestinos

Las designaciones autorizan a las autoridades israelíes a cerrar las oficinas de los grupos, confiscar sus bienes, detener a su personal en Cisjordania ocupada y prohibir el apoyo a sus actividades.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha declarado hoy que seis destacados grupos palestinos de derechos humanos son organizaciones terroristas que canalizan el dinero de los donantes hacia grupos ilegalizados.

En virtud de la decisión, se ha prohibido el trabajo de Addameer, al-Haq, Defensa de los Niños Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro de Investigación y Desarrollo de Busan y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Gantz dijo que los grupos tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo prohibido por la ocupación israelí.

Los grupos, que documentan presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas y autoridades de ocupación israelíes y la Autoridad Palestina (AP) contra los palestinos, incluyen a Addameer, que representa a los prisioneros de seguridad palestinos en los tribunales militares israelíes, y a Defensa de los Niños-Internacional, un grupo que aboga por los niños palestinos.

"[Las] organizaciones declaradas recibieron grandes sumas de dinero de países europeos y organizaciones internacionales, utilizando una variedad de falsificaciones y engaños", dijo Gantz, alegando que el dinero había apoyado las actividades del FPLP.

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Addameer y otro de los grupos, Defensa de los Niños Internacional - Palestina, rechazaron las acusaciones como un "intento de eliminar la sociedad civil palestina." "Pueden cerrarnos. Pueden confiscar nuestra financiación. Pueden detenernos. Pero no pueden detener nuestra firme e inquebrantable creencia de que esta ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes", declaró el director de Al-Haq, Shawan Jabarin, al Times of Israel.

Las designaciones autorizan a las autoridades israelíes a cerrar las oficinas de los grupos, confiscar sus bienes, detener a su personal en la Cisjordania ocupada y prohibir el apoyo a sus actividades.

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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los territorios palestinos se mostró "alarmada" por el anuncio.

"La legislación antiterrorista no debe utilizarse para limitar la legítima labor humanitaria y de derechos humanos", afirmó, añadiendo que algunas de las razones aducidas parecían vagas o irrelevantes.

"Estas designaciones son el último acontecimiento de una larga campaña de estigmatización contra estas y otras organizaciones, que perjudica su capacidad de realizar su crucial labor", afirmó.

Un funcionario del FPLP dijo que mantienen relaciones con organizaciones de la sociedad civil en toda Cisjordania y Gaza, sin mencionar específicamente a los seis organismos en esta sentencia, informa Reuters.

"Forma parte de la dura batalla que Israel está lanzando contra el pueblo palestino y contra los grupos de la sociedad civil, con el fin de agotarlos", dijo el funcionario del FPLP Kayed Al-Ghoul.

En una declaración conjunta, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional dijeron que la "decisión es una escalada alarmante que amenaza con cerrar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil más prominentes de Palestina."

" Silenciar, intimidar y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos palestinos es la forma que tiene Israel de encubrir sus abusos mientras mantiene su impunidad. Es la ocupación la que debe rendir cuentas", escribió la diplomática palestina Hanan Ashrawi en Twitter.

La decisión se produce sólo cuatro días después de que Israel revocara la residencia del abogado palestino Salah Hamouri de su ciudad natal, Jerusalén, por "incumplimiento de lealtad" al Estado, lo que allana el camino para su deportación forzosa de su tierra natal. Hamouri, hijo de padre palestino y madre francesa, es un destacado abogado y defensor de los derechos humanos de Addameer.

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