Hace quince años, las autoridades israelíes impusieron un severo bloqueo a la población de la Franja de Gaza, de más de 2.200.000 personas, en una zona geográfica de sólo 360 km.
A pesar de las exigencias de la comunidad internacional y de las instituciones jurídicas para que Israel levante su asedio generalizado a la Franja de Gaza, el primero continúa con su castigo colectivo contra los residentes de Gaza. Esto ha provocado el deterioro de la situación humanitaria, cuyas repercusiones han afectado a diversos sectores, como el económico, el agrícola, el del agua, el de la electricidad, el sanitario y el educativo.
Sobre el terreno, la ocupación israelí controla absolutamente los pasos de la Franja de Gaza, especialmente el paso comercial de Karim Abu Salim, que es el único destinado a la importación y la exportación. En consecuencia, la ocupación lleva a cabo extorsiones y restricciones inhumanas contra los ciudadanos, ya que impide la entrada a muchos de los productos de primera necesidad con el pretexto de que tienen doble uso, además de sus cierres y aperturas impulsivas del cruce.
En los últimos meses, la ocupación israelí cerró por completo el paso de Karim Abu Salim durante su reciente agresión a la Franja de Gaza, del 10 al 21 de mayo de este año. Después de la agresión, las autoridades israelíes redujeron deliberadamente el volumen de las importaciones, como indican las estadísticas. Las autoridades competentes indicaron que antes de la última agresión solían llegar a la Franja de Gaza más de 650 camiones diarios.
En cambio, después de la agresión no se permite la entrada de más de 130 camiones al día. Esto ha agravado la crisis humanitaria en la Franja de Gaza hasta los niveles más altos, especialmente porque la ocupación ha causado deliberadamente daños completos a más de 200 instalaciones industriales y comerciales durante la agresión.
Miles de familias palestinas perdieron sus hogares como consecuencia del bombardeo directo israelí de casas seguras, y dado que la ocupación impide la entrada de materiales de construcción y obstaculiza la reconstrucción, la crisis no sólo radica en albergar a miles de familias desplazadas, sino también en prohibir directamente más de 30 profesiones que pueden estimular la economía y aliviar la crisis de pobreza y desempleo.
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Además, la ocupación israelí pretendía en su reciente agresión atacar las tierras agrícolas, de ahí que el sector sufriera grandes pérdidas, como confirman las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Más de 36.000 dunums de tierras agrícolas e invernaderos sufrieron daños directos, además de los cuantiosos daños causados a decenas de granjas avícolas, de animales y de peces.
Aunque la cifra de 200 millones de dólares anunciada por el Ministerio de Agricultura como pérdidas directas a consecuencia de la reciente agresión tiene, en efecto, un enorme valor financiero, la política de castigo colectivo aplicada por las autoridades israelíes a los residentes de Gaza es, en realidad, la más devastadora.
Tras el fin de la última agresión, la ocupación israelí impidió la exportación a través del paso fronterizo de Karim Abu Salim durante más de 111 días, privando así a los ciudadanos de la promoción de muebles y ropa para el hogar, así como de la exportación de sus productos agrícolas, que constituyen el 90% de las exportaciones de la Franja de Gaza.
En definitiva, el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza ha agravado la crisis económica y humanitaria del enclave y ha creado innumerables problemas. La tasa de desempleo, según las estadísticas oficiales, ha alcanzado el 67%, mientras que la tasa de pobreza ha superado el 70%. La inseguridad alimentaria ha alcanzado al 68,2% de la población total, según informes de Naciones Unidas.
El sufrimiento continuado de los palestinos de esta manera obliga a la comunidad internacional a desempeñar el papel que le corresponde, a actuar con urgencia y eficacia, para detener la escalada de violaciones israelíes contra el pueblo palestino. Es necesaria una acción inmediata e incondicional para poner fin al opresivo asedio, ya que constituye una forma de castigo colectivo a la población civil y no hace más que agravar la crisis económica y humanitaria de Gaza.
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