Casi dos meses después del escándalo mundial sobre el presunto uso del programa espía israelí Pegasus para perseguir a periodistas, abogados y activistas de los derechos humanos, parece que funcionarios jurídicos del Ministerio del Interior de Alemania han expresado su preocupación por su uso por parte de la policía federal de investigación del país.
Un informe del periódico alemán Die Zeit reveló detalles de un acuerdo entre la Oficina Federal de Policía Criminal -el Bundeskriminalamt, o BKA- y representantes de la empresa israelí que desarrolló el software espía, el controvertido NSO Group.
La reunión se celebró en 2017, un año antes del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El brutal asesinato del periodista de 59 años en 2018 dejó un rastro de pruebas que incluyen detalles de cómo Riad utilizó el software de espionaje israelí para apuntar a personas cercanas a él.
Los detalles del acuerdo revelados por el periódico alemán afirman que la BKA expresó su preocupación por el uso del software espía israelí, que permite a sus operadores tomar el control total de cualquier smartphone infectado con Pegasus. Sin embargo, el informe también señala que la decisión de comprar el programa espía se tomó después de que la BKA no lograra desarrollar el suyo propio.
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Al parecer, los funcionarios del Ministerio del Interior alemán estaban preocupados porque el programa espía no cumplía los requisitos legales. Alemania sólo permite el espionaje en línea en casos muy específicos y extremos.
Las fuentes declararon a Die Zeit que los funcionarios se mantuvieron firmes en que cualquier uso del programa espía debía hacerse sólo en los casos autorizados por la legislación alemana. Sin embargo, no está claro qué supervisión se hizo sobre el uso real y en qué contexto se utilizó el programa, si es que se utilizó.
Según los detalles de una investigación realizada por el Proyecto Pegasus, se seleccionaron hasta 50.000 números de teléfono para su vigilancia mediante la tecnología de espionaje israelí. Se trata de una colaboración pionera de más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación de diez países.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que dirigió la investigación de la ONU sobre el asesinato de Khashoggi, rechazó la afirmación de la empresa israelí de que el hackeo se ha exagerado: "Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de la NSO de que estos ataques son poco frecuentes y se deben al uso de su tecnología por parte de delincuentes. Aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza para investigaciones criminales y terroristas legítimas, está claro que su tecnología facilita el abuso sistémico. Pintan una imagen de legitimidad mientras se benefician de violaciones generalizadas de los derechos humanos".
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