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Observatorio de los derechos en Túnez: "el pueblo no quiere otro estado policial"

Seifeddine Makhlouf, un abogado populista islamista, sale de un colegio electoral en la capital, Túnez, el 6 de octubre de 2019 [FETHI BELAID/AFP vía Getty Images].

El Observatorio de Derechos y Libertades de Túnez ha condenado enérgicamente las continuas violaciones de derechos humanos en el país, que comenzaron el 25 de julio de 2021. Acusó a las fuerzas del orden y a los organismos de seguridad de ejercer violencia verbal y física contra manifestantes pacíficos.

En un caso notable, el grupo deploró los ataques contra periodistas que cubrían una vigilia en la que los manifestantes exigían que se revelara la verdad sobre los asesinatos políticos. Esa agresión a los periodistas también fue condenada por el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos.

Según un comunicado emitido por el observatorio, las fuerzas de seguridad asaltaron recientemente el domicilio del destacado abogado Lotfi Al-Mergheni, y aterrorizaron a su mujer y a sus hijos mientras estaba fuera, después de que circularan rumores de que un legislador, Seifeddine Makhlouf, se escondía en su casa.

El comunicado decía: "Aunque estos abusos no cesaron bajo ninguno de los gobiernos anteriores que mantuvieron y heredaron la política de perpetuar la impunidad, hoy han adquirido un carácter más peligroso".

La declaración, firmada por el presidente del observatorio, Anouar Awled Ali, condena "el bárbaro ataque contra manifestantes pacíficos y periodistas de campo" y expresa su plena solidaridad con ellos.

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Además, el grupo alertó "a los partidarios del golpe de Estado del peligro de seguir justificando las violaciones de la ley y la incitación contra sus oponentes o los defensores de los derechos humanos", y les pidió "que cooperen para hacer frente a estos abusos, independientemente de las posturas políticas sobre lo ocurrido el 25 de julio".

En cuanto al allanamiento del domicilio del abogado Lotfi Al-Mergheni, el observatorio afirmó que se inscribía "en una política más amplia de intento de someter y derribar la profesión de abogado y el sistema judicial en general".

El comunicado responsabilizaba plenamente al presidente de la República de las violaciones derivadas de "sus decisiones excepcionales y ambiguas, que se niega a aclarar al pueblo, como estipula el artículo 80 de la Constitución".

Hizo un llamamiento a "todos los componentes de la sociedad civil -independientemente de sus posiciones políticas- para que renuncien a la división y cooperen para hacer frente a los peligros inminentes que amenazan los derechos, las libertades y los logros de la revolución en Túnez".

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