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El Consejo Judicial Supremo es el único órgano capaz de sancionar a los jueces, declara el organismo de jueces de Túnez

Un juzgado en Túnez, Túnez 6 de mayo de 2012 [BELAID/AFP via Getty Images]

La Asociación de Magistrados de Túnez confirmó ayer que el Consejo Superior de la Magistratura es el único órgano facultado por la Constitución para exigir responsabilidades a los jueces y capaz de decidir el curso disciplinario adecuado contra ellos.

Esta afirmación se produjo en un comunicado emitido por el organismo independiente después de que una unidad de seguridad se encargara el viernes de aplicar la decisión adoptada por el recién nombrado ministro del Interior, Rida Gharslawi, de poner al ex fiscal general, Bashir Al-Akrimi, bajo arresto domiciliario.

El comunicado decía que "poner al juez bajo arresto domiciliario (...) requiere que se envíe una notificación previa al Consejo Judicial Supremo sobre los cargos que pesan sobre el juez en cuestión y que podrían constituir una amenaza para la seguridad y el orden públicos".

El comunicado subraya que el Consejo Superior de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de velar por el buen funcionamiento del poder judicial y de respetar su independencia, ya que es la única institución facultada por la Constitución para decidir el régimen disciplinario de los jueces.

El comunicado explica que "la aplicación de medidas del estado de emergencia contra los jueces, en violación de las competencias del Consejo Judicial Supremo que garantiza su independencia y se encarga de exigirles responsabilidades, extendería un clima de miedo e intimidación entre todos los miembros de la judicatura, socavando su independencia e imparcialidad".

LEER: El destituido primer ministro tunecino Mechichi comparece por primera vez en 11 días

Las autoridades han prohibido a Al-Akrimi salir de su residencia durante un periodo de 40 días -que puede prorrogarse- y han prohibido todo contacto con él salvo a través de medios de comunicación aprobados. Esto se produce después de que fuera suspendido de su cargo a la espera de una decisión sobre los cargos de "ocultación de archivos relacionados con el terrorismo".

El 25 de julio, el presidente tunecino Kais Saied se acogió al artículo 80 de la Constitución para destituir al primer ministro Hicham Mechichi, congelar el trabajo del parlamento durante 30 días, levantar la inmunidad de los ministros y nombrarse a sí mismo jefe del poder ejecutivo hasta la formación de un nuevo gobierno.

Esto se produce después de que estallaran violentas protestas en varias ciudades de Túnez criticando la gestión del gobierno en materia de economía y el coronavirus. Los manifestantes habían pedido la disolución del Parlamento.

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