El artículo 80 de la Constitución de Túnez de 2014 ha sido citado por el presidente Kais Saied para justificar lo que se ha calificado de "golpe de Estado" en el país este domingo. El texto del artículo 80 es el siguiente:
El Presidente de la República, en caso de peligro inminente que amenace la integridad de la patria o la seguridad del país y su independencia, de forma que resulte imposible continuar con el funcionamiento normal de las instituciones del Estado, podrá tomar las medidas que requiera esa situación excepcional, tras consultar al Primer Ministro y al Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo [Parlamento] e informar al Presidente del Tribunal Constitucional, y anunciar luego las medidas en una declaración que dirija al pueblo.
Estas medidas deben tener como objetivo garantizar la vuelta al funcionamiento normal de las instituciones del Estado lo antes posible, y la Asamblea de Representantes del Pueblo se considera en sesión permanente durante todo este período. En este caso, el Presidente de la República no puede disolver el Parlamento ni presentar una moción de censura contra el Gobierno.
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Treinta días después de la aplicación de estas medidas, y en cualquier momento posterior, el Tribunal Constitucional, a petición del Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo o de 30 de sus miembros, está encargado de decidir si la situación excepcional debe continuar o no.
El Tribunal Constitucional declarará públicamente su decisión en un plazo máximo de 15 días, y la aplicación de las citadas medidas finalizará cuando desaparezcan las razones de su vigencia.
El Presidente de la República emitirá una declaración al pueblo en este sentido.
Al activar el artículo 80, Saied aparentemente quiere, como Presidente de la República, tomar el control de todos los poderes presidenciales, ejecutivos, legislativos y judiciales. La ausencia del Tribunal Constitucional -cuya formación ha sido bloqueada por el propio Saied- ha permitido al Presidente utilizar el artículo 80, aunque sin informar al Primer Ministro y al Presidente del Parlamento de esta decisión. El Presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, ha confirmado que Saied no le comunicó de antemano los detalles de lo que planeaba hacer. El primer ministro Hichem Mechichi ha sido destituido.
El investigador de derecho constitucional Rabeh Al-Kharaifi ha declarado a Arabi21 que el artículo 80 estipula que el Presidente de la República puede, efectivamente, tomar medidas excepcionales en caso de amenaza inminente para la seguridad nacional, pero sólo si se cumplen todas las condiciones contenidas en el artículo. Según el Presidente, la actual tasa de mortalidad de Covid-19 es una "amenaza inminente" para el Estado.
El artículo 80 exige la existencia de hechos que confirmen una amenaza inminente. El anuncio de Saied de que iba a activar el artículo 80 se produjo después de las limitadas protestas que se produjeron en el país el domingo, cuando cientos de personas salieron a la calle pidiendo la caída del gobierno y el parlamento debido a la crisis política, económica y sanitaria de Túnez.
Al-Kharaifi señaló que el artículo 80 exige que el Parlamento permanezca en sesión incluso después de que se hayan anunciado las medidas. Esto no ha sucedido. Saied ha suspendido las actividades parlamentarias sin basarse en un texto constitucional.
En cualquier caso, subrayó Al-Kharaifi, el artículo 80 no puede activarse en ausencia del Tribunal Constitucional.
El profesor de derecho constitucional Jawhar Bin Mbarek confirmó a Arabi21 la ilegalidad del uso del artículo 80 por parte de Saied, debido a la ausencia de acontecimientos excepcionales. El país no está en guerra, aunque la situación es crítica y hay varias crisis que afectan a Túnez en este momento. "Ajustar la situación política y de seguridad como una 'amenaza inminente' para el Estado es una desviación de poder, por lo que no hay razón para activar el artículo 80", añadió Mbarek.
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Como se aclara en el texto del artículo 80, las medidas excepcionales no pueden ser ni tienen una duración indefinida. Después de 30 días, es prerrogativa del Presidente - o de 30 diputados - solicitar al Tribunal Constitucional que decida si las medidas deben seguir en vigor. El artículo no prevé que el Presidente pueda tomar tal decisión.
Además, el artículo 80 impide que el jefe de Estado -en este caso el presidente Saied- disuelva o restrinja de otro modo el Parlamento. Éste debe permanecer en sesión. Saied reconoce que la Constitución prohíbe la disolución del Parlamento, pero afirma que no impide que se suspendan o congelen sus actividades. También ha levantado la inmunidad de todos los diputados.
Al-Kharaifi subrayó que el Parlamento no puede ser disuelto, ya que no se dan las condiciones constitucionales necesarias para ello en este momento. La disolución de este órgano soberano es obligatoria si dimiten dos tercios de sus miembros y se activa el artículo 89 de la Constitución, que exige que el gobierno propuesto no obtenga un voto de confianza parlamentario en dos ocasiones en los cuatro meses siguientes a su nombramiento. Ninguna de estas condiciones se da en la presente circunstancia.
Este artículo apareció por primera vez en árabe en Arabi21 el 26 de julio de 2021
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