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Un aliado de Trump es acusado de hacer lobby ilegal para EAU

El director general de Colony Capital, Tom Barrack, habla durante el último día de la Convención Nacional Republicana, el 21 de julio, en Cleveland, Ohio. [Jim Watson/AFP/Getty Images]

Tom Barrack, un estrecho aliado y asesor del expresidente Donald Trump, ha sido acusado este martes de ejercer presión ilegalmente sobre el exmandatario en nombre de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informa la agencia Anadolu.

Barrack, de 74 años, fue detenido este martes y está previsto que sea presentado más tarde ante un tribunal del estado de California. Es uno de los tres hombres acusados de actuar como agentes extranjeros no registrados.

Una acusación de siete cargos imputa a los hombres el intento ilegal de promover los intereses de los Emiratos Árabes Unidos bajo la dirección de altos funcionarios emiratíes al influir en las posiciones de política exterior de la campaña presidencial de Trump en 2016 y, posteriormente, seguir haciéndolo después de que ganara la carrera a la Casa Blanca de ese año, según el Departamento de Justicia.

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Barack, Matthew Grimes, de 27 años, y Rashid Al-Malik, de 43, "están acusados de actuar y conspirar para actuar como agentes de los EAU entre abril de 2016 y abril de 2018", dijo la agencia en un comunicado.

Barrack, que fue presidente del comité de investidura de Trump en 2017, se enfrenta por separado a cargos de obstrucción a la justicia y de hacer múltiples declaraciones falsas durante una entrevista con agentes federales en junio de 2019.

"La conducta que se alega en la acusación es nada menos que una traición a esos funcionarios de Estados Unidos, incluido el ex presidente", dijo el fiscal general adjunto interino Mark Lesko.

"Con esta acusación, estamos poniendo en conocimiento de todos -independientemente de su riqueza o poder político percibido- que el Departamento de Justicia hará cumplir la prohibición de este tipo de influencia extranjera no revelada", añadió Lesko.

Hacer lobby en nombre de un gobierno extranjero no es en sí mismo un delito, pero quienes lo hacen deben registrarse como agentes de un gobierno extranjero ante el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

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