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El fondo de pensiones noruego se retira de 16 empresas por sus vínculos con los asentamientos israelíes

El cartel de Motorola se muestra en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona el 27 de febrero de 2019 [JOSEP LAGO/AFP vía Getty Images].

El mayor fondo de pensiones de Noruega anunció hoy que ha desinvertido en 16 empresas por sus vínculos con los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania palestina ocupada.

"En la evaluación de KLP, existe un riesgo inaceptable de que las empresas excluidas estén contribuyendo al abuso de los derechos humanos en situaciones de guerra y conflicto a través de sus vínculos con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada", dijo KLP, que gestiona activos por valor de unos 95.000 millones de dólares, en un comunicado.

Según Al Jazeera, la declaración también decía: "Motorola y otras empresas se arriesgan a ser cómplices de las violaciones del derecho internacional en la Palestina ocupada".

KLP añadió en su declaración: "Desinvertir en Motorola Solutions fue una decisión muy directa por su papel de vigilancia en los territorios ocupados", señalando que la empresa proporciona software utilizado en la vigilancia de fronteras.

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KLP también se desprendió de operadores de telecomunicaciones que ofrecían servicios dentro de Cisjordania, ya que contribuían a hacer de "los asentamientos zonas residenciales atractivas", señalando que entre ellos estaban Altice Europe, Bezeq, Cellcom Israel y Partner Communications.

También señaló que se incluyeron cinco bancos que facilitaron o financiaron la construcción de viviendas e infraestructuras en los territorios palestinos ocupados, así como grupos de ingeniería y construcción, entre ellos la multinacional francesa Alstom.

La declaración decía que todas estas empresas contribuyen a facilitar la presencia de Israel y, por tanto, corren el riesgo de ser cómplices de violaciones del derecho internacional, y de ir en contra de las directrices éticas de KLP, informó Al Jazeera.

Según Al Jazeera, la desinversión se produce tras la publicación en febrero de 2020 por parte de la ONU de una lista de 112 empresas con actividades vinculadas a los asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional.

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