El Comité oficial anticorrupción y de recuperación de fondos de Sudán ha revelado que ha recuperado activos por valor de cientos de millones de dólares del ex presidente Omar Al-Bashir. El comité también ha mencionado las críticas a las que se ha enfrentado por aplicar supuestamente medidas de "justicia selectiva".
El pueblo sudanés ha seguido con interés las declaraciones televisadas del comité. Comenzaron el año pasado a revelar detalles sobre las propiedades de la élite de la era Bashir que han sido confiscadas por el Estado. Entre ellas se encuentran inmuebles con vistas al Nilo en la capital, Jartum, fértiles tierras de cultivo y empresas rentables. Entre los bienes recuperados hay hoteles, escuelas, fábricas y un campo de golf en las afueras de Jartum, que seguirán prestando servicios.
Wagdy Saleh es abogado, político y forma parte del comité de 18 miembros. Dijo que el organismo estatal ha recuperado activos por valor de más de 1.000 millones de dólares y los ha entregado al Ministerio de Finanzas. Otros 400 millones de dólares pasaron al Ministerio de Asuntos Religiosos y Dotaciones.
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Saleh dijo a Reuters que los miembros del comité han recibido amenazas de muerte y añadió que no recibió la financiación que necesitaba para hacer su trabajo. Las autoridades, afirmó, tardaron en realizar las investigaciones necesarias. Esto, dijo Saleh, expone las profundas raíces del régimen de Al-Bashir, incluso dentro del gobierno de transición asignado para dirigir el país hacia las elecciones a finales de 2023.
"Quienquiera que se interponga en el proceso de desmantelamiento del régimen del 30 de junio [fecha en la que Al-Bashir encabezó un golpe de Estado sin sangre en 1989] forma parte del antiguo régimen o tiene intereses vinculados al mismo y, por tanto, trata de mantenerlo en pie", alegó.
El ministro de Información y portavoz del gobierno, Hamzah Balloul, señaló que el comité está cumpliendo con sus deberes constitucionales y que sus esfuerzos por recuperar los activos sospechosos son muy apreciados.
El comité estatal designado para recuperar los bienes saqueados incluye a políticos, altos cargos militares y funcionarios del gobierno. Está previsto que funcione hasta el final del periodo de transición.
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