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CPI: Rechaza categóricamente las sanciones tomadas por Estados Unidos contra sus personal

Edificio de la Corte Penal Internacional [Foto de archivo]
Edificio de la Corte Penal Internacional [Foto de archivo]

Este 2 de septiembre, la Corte Penal Internacional denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos ese mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes al Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta – versión en español –  difundida desde el sitio oficial de la CPI).

La reacción de la CPI en breve

En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:

Estos actos de coacción, dirigidos a una institución judicial internacional y a sus funcionarios, no tienen precedentes y constituyen graves ataques contra la Corte, el sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma y el estado de derecho en general.

La Corte sigue manteniendo firmemente su personal y su misión de luchar contra la impunidad de los crímenes más graves del mundo en virtud del derecho internacional, de manera independiente e imparcial, de conformidad con su mandato. Para ello, la Corte cuenta con el firme apoyo y compromiso de dos tercios de los Estados del mundo que son partes en el Estatuto de Roma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):

Hoy damos el siguiente paso, porque la CPI continúa apuntando a los americanos, tristemente. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 13928, los Estados Unidos designarán a la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda, y al Jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la CPI Phakiso Mochochoko por haber ayudado materialmente al Fiscal Bensouda. Las personas y entidades que sigan prestando apoyo material a esas personas también corren el riesgo de ser objeto de sanciones. Además, el Departamento de Estado ha restringido la expedición de visados a determinadas personas que participan en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional por investigar al personal de los Estados Unidos.

Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario, a las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC.

Como se puede observar si uno revisa el expediente sobre la investigación en Afganistán (véase enlace oficial de la CPI), nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 logra explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI de estos últimos meses. Por lo que las justificaciones dadas no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán.

LEER: EE.UU. suspende la ayuda a Etiopía por la disputa de la presa del Renacimiento

La inminente decisión de la CPI sobre Israel 

En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra el personal de la CPI, precisando que:

La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa (véase por ejemplo esta nota explicativa de l´Express en Francia o esta nota más reciente de Voice of America) que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana

El texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentran disponibles en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura y relectura evidencia el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Esta misma omisión se detectó en Israel en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado ” US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says“, al leerse que:

“Israel no se mencionó en la orden ejecutiva de Trump, pero se mencionó en un comunicado de prensa de la Casa Blanca que explicaba la decisión”.

Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter “histórico” del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto.

Foto extraída de nota de prensa de The Times of Israel, titulada “US places sanctions on International Criminal Court Prosecutor Bensouda”, edición del 2/09/2020

A modo de conclusión

No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.

Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración norteamericana: de manera insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.

El pasado 18 de julio en una nota relacionada a la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado  “ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases“, que para la Fiscal de la CPI,  no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada de Estados Unidos e Israel:

“No es un secreto que las administraciones de EE.UU. y el estado de Israel están coordinando sus reacciones y sus políticas hacia el tribunal”, dijo Bensouda.”

Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.

Con relación a estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión  preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.

La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí – usualmente muy expresivo –  desde el 2 de setiembre pasado con relación a estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.

LEER: ¿Será Irak el próximo en subirse al carro de la normalización?

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

 


 

Texto original

International Criminal Court condemns US economic sanctions

The International Criminal Court (“ICC” or “Court”) condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.

The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.

These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute.

 

 

La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis

 

La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.

Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.

Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.

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Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

Recordando La Masacre De Rabaa

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