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Organizaciones de derechos humanos: “Negar el perdón a los prisioneros de conciencia refleja la intención del gobierno golpista de perseguir a los opositores”

Celdas de una prisión, 10 de marzo de 2020 [Daniel/Flickr]

Ocho organizaciones egipcias de derechos humanos han denunciado la exclusión deliberada por parte de las autoridades de los detenidos políticos del indulto concedido el 14 de abril, y la prohibición de los políticos de la oposición pacífica y de los presos de conciencia, incluidos periodistas, abogados y juristas, de la lista de amnistía.

Las organizaciones consideran que esta exclusión deliberada refleja la postura del gobierno golpista sobre el derecho a la libertad de expresión, que considera una amenaza a la seguridad nacional más grave que el asesinato y los delitos violentos.

Las organizaciones añadieron que el indulto, emitido en la fecha anual habitual con ocasión del Día de la Liberación del Sinaí, ignoraba todos los llamamientos locales e internacionales de derechos humanos para que se pusiera en libertad a los presos de conciencia y a los detenidos en prisión preventiva, así como a los presos cuya participación en delitos violentos no se hubiera demostrado, y a otros detenidos ancianos y enfermos, portadores de enfermedades autoinmunes y crónicas, además de las mujeres embarazadas y los niños.

Las organizaciones de derechos humanos indicaron que, aunque el indulto tenía por objeto reducir el hacinamiento en las cárceles a la luz de la actual crisis del coronavirus, las autoridades egipcias sólo aprobaron la puesta en libertad de los delincuentes condenados, que fueron declarados culpables de asesinatos y otros delitos violentos.

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Las organizaciones confirmaron: “Esta conducta refleja la intención de las autoridades de asegurarse de que la mayoría de los presos de conciencia, que fueron detenidos después de protestar pacíficamente contra las políticas del Estado, así como periodistas, abogados, juristas y políticos, encarcelados por cargos falsos, no se beneficiarán de los indultos presidenciales o de la libertad condicional”.

La mayoría de los cargos son fabricados en base a definiciones poco precisas de la ley antiterrorista. Así, las organizaciones locales e internacionales han advertido repetidamente contra el uso de esta legislación para obtener represalias políticas y confiscar el derecho a la libertad de expresión con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que: “Las recientes decisiones del gobierno y las continuas prácticas represivas de las últimas semanas, incluyendo el arresto y la desaparición forzada de la traductora Marwa Arafa y del investigador y traductor Kholoud Al-Saeed, además de la detención de los periodistas Atef Hassab Allah y Mustafa Saqr, así como del abogado Mohsen Bahnasy, y otros activistas, que pertenecen a diferentes corrientes políticas e intelectuales, refleja claramente el deseo de reprimir y silenciar aún más a los opositores arrojándolos vengativamente a las prisiones, a pesar de los llamamientos internacionales para reducir el hacinamiento en los centros de detención a fin de frenar la propagación del COVID-19, que ha infectado a más de tres millones de personas en todo el mundo. ”

Las organizaciones de derechos humanos insistieron en ello: “Las políticas represivas empleadas por las autoridades golpistas contra los opositores o cualquiera que se atreva a criticar las políticas del Estado, contradicen claramente las promesas internacionales que Egipto hizo el mes pasado a las Naciones Unidas (ONU) durante la sesión de revisión periódica universal de su expediente de derechos humanos”.

Las organizaciones continuaron: “Estos métodos opresivos consagran la posición de las autoridades sobre el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la participación política, especialmente en tiempos de crisis, al tiempo que consideran esos derechos como crímenes que amenazan la seguridad de la sociedad, según el texto de la proclamación de indulto y libertad condicional”.

Las organizaciones signatarias son el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos (ANHRI), el Centro El Nadim, la Iniciativa para la Libertad, Belady for Rights and Freedoms, el Frente Egipcio para los Derechos Humanos (EFHR), y los Recursos Comunitarios para la Justicia, así como la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF).

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