El Centro de Derechos Humanos de Hemaya ha pedido a la Autoridad Palestina (AP) que forme un comité legal de abogados y expertos palestinos para preparar un expediente judicial sobre la política de castigo colectivo practicado por las autoridades de ocupación israelíes, en particular la demolición de casas, y presentarlo a la Corte Penal Internacional (CPI).
Según SAFA, el Centro condenó la demolición de una casa perteneciente a la familia Khalifa en el campamento de Kalandia, al norte de Jerusalén. Según el seguimiento del Centro, un gran número de soldados israelíes asaltaron el campo de refugiados de Kalandia, y evacuaron la casa de tres pisos de la familia del mártir Ali Hassan Khalifa; luego, las excavadoras demolieron la casa en la calle Al-Quds, cerca del puesto de control de Kalandia.
El Centro declaró que las fuerzas de ocupación israelíes siguen demoliendo las casas de los palestinos en los territorios ocupados sin tener en cuenta el derecho internacional, en un delito que equivale a un castigo colectivo. Agregó que estas prácticas israelíes son una violación flagrante de los principios del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra, que afirma que una persona protegida no puede ser castigada por un acto que no ha realizado personalmente, además de violar los derechos de los civiles, especialmente su derecho a la vivienda, lo que puede resultar en la negación de refugio para miles de personas.
El Centro subrayó que el hecho de que la comunidad internacional no tomara una posición firme sobre la política de ocupación en los territorios ocupados lo alentó a cometer nuevas violaciones de los derechos humanos internacionales, el derecho internacional y humanitario, así como las resoluciones de legitimidad internacional.
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El Centro instó a la comunidad internacional, especialmente a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra, a asumir sus responsabilidades legales y morales y cumplir con sus obligaciones, y trabajar para encontrar un mecanismo que obligue al estado de ocupación a respetar las normas del derecho internacional y las resoluciones de la ONU relacionadas con la causa palestina.
Los empleados de la llamada Autoridad de Desarrollo y Asentamiento Beduino en el Néguev ocupado y la Administración de Tierras de Israel (ILA), bajo la protección de decenas de unidades de policía israelíes, allanaron el sexto suburbio de la ciudad de Rahat y publicaron 140 órdenes de demolición en casas habitadas. Las casas pertenecen a las familias de Ataiqa y Beheiri. Las autoridades de ocupación también adjuntaron una orden de demolición a la Mezquita Rabat, que se construyó hace más de 40 años, según los habitantes del suburbio.
Los residentes del sexto suburbio emitieron una declaración dirigida a los residentes de Rahat y el Néguev, advirtiéndoles de un intento por parte de la Autoridad de Desarrollo y Asentamiento Beduino en los próximos días para comercializar parcelas de construcción en el área. Los residentes del sexto suburbio también pidieron a los beduinos del Néguev que boicoteen el plan de la autoridad israelí de desplazarlos y que no compren las parcelas, ya que toda la tierra pertenece a familias de Ataiqa y Beheiri que vivieron allí durante más de 70 años.
Según la declaración, los que violen el consenso serán juzgados por el poder judicial tribal de acuerdo con la costumbre en los casos en relación con las tierras. Los lugareños hicieron un llamado al Municipio de Rahat y al liderazgo árabe en el interior palestino para unirse a su lucha contra el desplazamiento forzado.
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