Las celebraciones que hacían encenderse a la Plaza de la Liberación de Bagdad en la víspera de las elecciones parlamentarias del país el 12 de mayo se han desvanecido, reemplazadas por las brasas aún encendidas de disputas constitucionales antiguas y nuevas. El aire de optimismo que emanaban los partidarios de la victoriosa Sairoon - la alianza islamista-sadrista - ha desaparecido, reflejando lo que los analistas describen como una crisis constitucional post-electoral. En Bagdad, el ánimo es sombrío, mientras que en los territorios del norte la ira del pueblo ha hecho que salgan a la superficie alegaciones de fraude electoral y las correspondientes acciones en su contra.
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A lo largo del último mes, desde que se anunciaron los resultados, el Alto Comisionado Electoral Independiente de Irak (IHEC) ha recibido una ola de quejas que han resultado en la cancelación de los votos de los iraquíes emitidos en el país y en el extranjero en 1.021 colegios electorales. Saeed Al Kaki, miembro del IHEC, declaró a The National: "La anulación se produjo tras revelarse pruebas de haberse producido ciertas violaciones graves, destapadas por un comité especial del IHEC. Se pueden encontrar fácilmente más pruebas online, un espacio que los votantes han utilizado para exponer las violaciones por las que se han quejado".
Los votos depositados por expatriados iraquíes en Europa y los votos de los desplazados internos en cuatro gobernaciones liberadas recientemente se han cancelado en masa, provocando protestas espontáneas en algunas zonas de Nineveh contra la decisión.
La cancelación no aborda la raíz del problema ni calma la indignación popular. Más bien refuerza la opinión de que, desde el principio, las elecciones estuvieron contaminadas por el clientelismo.
El frente turcomano, dirigido por Arshad Al-Salihi, quiere emprender acciones legales, y ha agotado todas las vías abiertas. Las quejas se presentaron al tribunal supremo y se extendieron a la Misión de Ayuda de las Naciones Unidas en Irak (UNAMI), dirigidas contra el IHEC, acusado de manipular los votos de los ciudadanos en territorios disputados. En estas zonas, muchos piden un recuento manual.
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El primer ministro iraquí, Haider Al-Abadi, apoyado por Washington, criticó la decisión de recontar el 10% de los votos que fueron emitidos en todo el país. Un recuento manual sería "incorrecto", afirmó Al-Abadi durante su conferencia de prensa televisada semanal, e instó a utilizar "medios alternativos para corregir el recuento final". Representando al bloque Wataniya (Nacional), Ayad Allawi, cuyo bloque quedó en sexta posición, con 21 escaños, subrayó la demostrada falta de capacidad del IHEC para administrar el proceso electoral y proteger las mesas de votación.
Unos pocos políticos apoyaron la cancelación, pero, a falta de un quórum parlamentario, algunos han descrito esta decisión como inconstitucional, tal y como repitió el presidente iraquí, Fuad Masum. Otros estaban más dispuestos a proteger el liderazgo que se habían asegurado, y, por lo tanto, apoyaron la decisión para preservar los intereses del partido político. Masum pidió la investigación de las apelaciones con precisión máxima, con la esperanza de conservar los derechos de los candidatos, pero sin pronunciarse sobre los derechos de los ciudadanos que emitieron sus votos.
El Parlamento ha advertido en varias ocasiones sobre los peligros de un recuento manual. Aún así, la abstención del 60% al 70% de los votantes emitió un mensaje más claro y fuerte.
Optar por las elecciones fue una decisión adoptada por millones de personas en 10 de las 19 provincias, tras haber aceptado los duros hechos de fraude electoral y sabotaje vividos en ciclos electorales previos. El problema de los resultados electorales podría prolongarse hasta crear una crisis constitucional, y podría dar lugar a una nueva votación si las discrepancias entre las cifras obtenidas manual y electrónicamente "superan el 25%", advirtió Rudaw TV.
Una cuestión relacionada que amenaza aún más con crear una crisis constitucional es la capacidad de las coaliciones ganadoras de formar un sistema político de amplia base que podría dar la vuelta al destino político de Irak.
Si no se abordan correctamente, ambas cuestiones afectarán a la legitimidad y a la reputación del nuevo gobierno.
La carrera política para arreglar estos problemas está en pleno apogeo, pero el optimismo que antes se respiraba se ha desvanecido debido a la realidad recurrente del fraude electoral y la incertidumbre.
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