La organización de Defensa de los Derechos Humanos internacional Human Rights Watch ha exigido a las autoridades de Bahréin que retiren los cargos por “publicar tweets” presentados contra diversos activistas de la defensa de los derechos humanos. En un comunicado emitido en la tarde del domingo ha exigido que el gobierno de Bahrein retire la acusación presentada contra el activista Nabil Rajab y lo libere inmediatamente. El encarcelamiento de este activista es un ejemplo de a donde están llegando estas políticas represivas de las autoridades de Bahrein.
La organización ha confirmado también que los cargos presentados contra esta personan suponen una clara violación de su derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Bahrein ratificó en 2006.
Está previsto que el Tribunal de Apelación de Manama emita una sentencia definitiva mañana en lo que respecta al recurso presentado por Rajab. Por su parte, la directora de la sección de Oriente Medio de HRW, Sarah Leah Whitson, ha explicado que “entre lo publicado por Rajab sobre la cuestión de los derechos humanos en Bahrein o la crisis humanitaria en Yemen no hay nada que pueda justificar que pase un solo minuto en prisión. Esta acusación infringe derechos fundamentales, y no debería siquiera ser presentada”.
La corte penal de Bahrein dictaminó el 21 de febrero una condena de 5 años de prisión para Rajab por causa de diversos tweets en los que criticaba prácticas de tortura en prisiones bahreiníes y las operaciones militares encabezadas por Arabia Saudí en Yemen. Rajab ya había sido condenado previamente a otros dos años de prisión por otros cargos que también infringen el derecho a la libertad de expresión pacífica, y lleva detenido por los mismos desde el 13 de junio de 2016.
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Por todo ello y más esta organización internacional de defensa de los Derechos Humanos, en un comunicado publicado el mes pasado, ha realizado un llamamiento a los Estados Unidos para que rechace firmar dos contratos para la venta de unos mil millones de dólares en material militar y armas a Bahréin, denunciando “sus pobres políticas de respeto a los derechos humanos”.
Al respecto, Sarah Morgan, directora de la oficina de Human Rights Watch en Washington, ha explicado que "la firma de estos dos contratos de venta de armamento demostrarían que la administración Trump parece dispuesta a ignorar la situación de los derechos humanos en Bahréin".
La organización también ha agregado: “En el último año se ha intensificado la represión de las autoridades bahreiníes contra activistas de defensa de los derechos humanos, abogados y periodistas. También se ha registrado un número récord de casos de retirada de la nacionalidad a sus ciudadanos, y de realización de prácticas ilegales e injustas como la presentación de casos civiles en tribunales militares, y los casos de acoso, intimidación, encarcelamiento y persecución judicial de activistas defensores de los derechos humanos y miembros de sus familias”.
De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, los Estados Unidos firmaron hace unos días otro acuerdo con Bahrein, por el que este estado adquiriría 3.000 proyectiles de artillería por un valor de 45 millones de dólares. En abril pasado el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la venta de helicópteros de combate por un valor de 911 millones de dólares.
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