Treinta opositores del régimen egipcio se enfrentan al riesgo de una ejecución inminente, según ha informado la Organización Árabe de Derechos Humanos en el Reino Unido (AOHR UK) en su último informe sobre las condenas a muerte dictadas en Egipto desde el golpe de Estado del 3 de julio de 2013.
El informe detalla cómo el régimen egipcio ha lanzado una intensa ofensiva contra los disidentes mediante el arresto de decenas de miles de egipcios acusados con falsos cargos. Los detenidos se han enfrentado a sentencias en juicios masivos que carecían de una justicia básica y en los que muchos han sido condenados en masa a sentencias de muerte.
El poder judicial egipcio civil y militar ha remitido los documentos de 2081 acusados al Mufti para su ratificación, lo cual es una obligación antes de que se pueda aprobar cualquier sentencia de muerte de acuerdo con la ley egipcia. En 73 casos presentados al Mufti, 986 acusados fueron ratificados, 57 de ellos han pasado por todos los medios posibles para apelar la sentencia. Las autoridades egipcias ya han ejecutado 27 de esas sentencias basadas a menudo en pruebas pobres y sin validez legal.
Gran parte de las pruebas se basan en confesiones que se extraen mediante tortura, la Fiscalía no investiga más a fondo las denuncias y los tribunales aceptan las confesiones como pruebas válidas.
Otra prueba aportada por AOHR UK incluye sentencias de muerte enumeradas bajo investigaciones de seguridad clasificadas y llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, sin agregar nueva información a los casos de las investigaciones, sólo las declaraciones de los oficiales que arrestaron a los acusados.
Las pruebas proporcionadas por los abogados de los acusados que mostraban su inocencia también fueron rutinariamente ignoradas, así como las investigaciones sobre la falsificación de los registros publicados en su contra por las autoridades de seguridad y las evidencias de desapariciones forzosas y torturas cometidas contra los acusados.
Muchos de los detenidos también fueron declarados culpables y condenados a muerte antes de tener la oportunidad de defenderse durante los juicios, que a menudo son filmados y distribuidos entre los medios estatales que normalmente usan términos como "células terroristas", "espionaje", "incursiones en estaciones de policía" o "vandalismo contra la propiedad pública" para reiterar su culpabilidad.
AOHR UK destacó las recientes leyes egipcias aprobadas para legitimar las prácticas ilegales contra sus oponentes y para justificar el uso de la pena de muerte. El presidente egipcio emitió una ley que otorgaba a la autoridad militar la protección de las instalaciones públicas y estatales.
Esto permite que todos los casos relacionados con ataques contra instalaciones públicas y estatales se tramiten bajo jurisdicción militar y autoriza a las fuerzas armadas a transferir a miles de detenidos a tribunales militares.
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El Gobierno egipcio emitió en agosto de 2015 una la ley antiterrorista que permite que los servicios de seguridad y las autoridades judiciales excedan todas las normas de un juicio justo negando los derechos básicos de la persona detenida. También le permite a las autoridades el poder de imponer severas condenas a cualquier individuo considerado una amenaza por el régimen egipcio y permite que los opositores se conviertan en un blanco y sean asesinados y desaparezcan con impunidad.
Según el informe, durante los últimos cuatro años los tribunales militares condenaron a muerte a 121 personas, y agregaron que todos los casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo de Apelaciones Militares y fueron ratificados plenamente.
El informe también destacó como 30 personas corren peligro de ser ejecutadas después de que se ratificaran sus condenas a muerte y se agotaran todas las vías de apelación, y pidió a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que "utilicen todos los medios a su alcance para detener la polifacética máquina de matar creada por el régimen egipcio para acabar con los disidentes. Todos los métodos actuales se hallan deliberadamente alterados, allanando el camino para que el régimen continúe con sus sangrientos esfuerzos que están teniendo unas consecuencias catastróficas".
Otro informe divulgado hoy sobre las detenciones en Egipto puso de relieve cómo a los detenidos se les niegan continuamente sus derechos mientras están en el tribunal. El estado "impide la comunicación entre los acusados y sus abogados antes, durante y después de los juicios, privando así a los acusados de intercambiar información importante sobre los procedimientos con los abogados", agregaba el informe.
Además de esto, los acusados no pueden hablar con su familia, se ven obligados a sentarse en jaulas de vidrio en la corte, dejándoles sin poder hablar durante la sesión de la corte y con frecuencia sin poder escuchar el proceso.
Las jaulas se usan durante horas y horas, dejando a los acusados sin comida, agua y acceso a un inodoro durante todo este tiempo.
Los jueces a menudo son parciales, y incluso alguno a llegado a declarar "estoy buscando evidencias para su enjuiciamiento y no pruebas favorables" con respecto a los detenidos en el caso.
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