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Un militante estadounidense del Daesh en Siria plantea un dilema para la Casa Blanca

El 12 de septiembre, un militante estadounidense que, supuestamente, luchaba junto al Daesh en Siria se rindió ante las Fuerzas Democráticas Sirias y fue entregado a la custodia militar de EEUU en Irak. El Departamento de Defensa (DOD) trata al militante como un “combatiente enemigo”.

Que Estados Unidos decida encarcelarlo en Guantánamo o transportarlo hasta tierras estadounidenses para ser juzgado en un tribunal civil es una gran prueba de fuego para la legalidad de la guerra contra el Daesh (o Estado Islámico) en Siria, Irak y demás.

El DOD estadounidense no nombró al grupo en concreto que forma parte de la entrega a la custodia de EEUU, pero afirmó que el grupo es parte de las Fuerzas Democráticas Sirias, según ha declarado a MEMO Ben Sakrisson, portavoz del DOD. Estados Unidos notificó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de la detención del militante el 25 de septiembre, lo que llevó a una visita el día 19 de septiembre, según ha confirmado el DOD.

El CICR ha confirmado a MEMO que hizo una visita al militante estadounidense, pero que “no están en posición de hablar sobre la identidad, localización o condiciones de detención del individuo”, según Anna Nelson, directora de Comunicaciones para el CICR. Las visitas del CICR sirven para asegurar la seguridad y el bienestar de los prisioneros de acuerdo a las Convenciones de Ginebra. El CICR no ha publicado ni comentado públicamente el estado del ciudadano estadounidense.

Detención y juicio en litigio

Juzgar a ciudadanos americanos en Comisiones Militares – como los tribunales militares – es técnicamente ilegal según la ley federal de EEUU, que requiere que el Congreso introduzca una nueva jurisprudencia para permitirlo. Pero, en agosto de 2015, mientras optaba a la presidencia, el presidente Donald Trump se mostró abierto a la idea de enviar a ciudadanos estadounidenses a la Bahía de Guantánamo:

“Podrían ser juzgados allí [Guantánamo], eso no estaría mal”, dijo Trump. Pero quizá llenar Guantánamo de “tíos malos” no sea una respuesta sencilla. El actual Acta de Comisiones Militares sólo permite que se juzgue a extranjeros, según la ley de 2006.

Las cuestiones al respecto del militante americano del Daesh en Siria – actualmente retenido en Irak – no deberían detenerse en si es o no estadounidense. Es el hecho de que estuviera luchando junto al Daesh lo que plantea serios desafíos legales que nunca han sido abordados por el Congreso de EEUU.

En respuesta a cuál es el estatus legal del militante, Sakrisson afirmó que se está estudiando:

“La disposición del detenido se está deliberando con los departamentos y agencias apropiados”, dijo Sakrisson. “Mientras tanto, el individuo permanecerá bajo la custodia del Departamento de Defensa.”

Han pasado casi cuatro semanas, y el ciudadano americano aún no tiene un estatus legal ni ha tenido acceso a representación legal. Tal circunstancia va en contra de la Constitución de Estados Unidos. EEUU no puede simplemente encarcelar a un combatiente o no combatiente sin presentar cargos o permitir el acceso a abogados.

Luchar junto a un grupo como el Daesh es una acusación muy seria, sobre todo en el contexto de las hostilidades con las que se ha asociado al grupo en el conflicto de Siria e Irak. Además, Irak cuenta con un historial de torturas, y, sin ninguna información sobre la localización de encarcelado, es difícil saber si se han cumplido las normas internacionales.

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La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una petición de habeas corpus ante los tribunales americanos para permitir que el ciudadano estadounidense pase por el debido proceso. La petición pretende llevar al detenido ante un tribunal judicial para que lo libere a menos que haya motivos legales para su detención.

Presentar pruebas conseguidas bajo una detención militar no es admisible en un tribunal civil, especialmente si el acusado ha sido torturado. Las confesiones y la recopilación de información bajo coacción, algo común en las detenciones militares, nunca proporcionan información precisa, lo que hace inadmisibles estas pruebas potenciales.

Retener a un supuesto combatiente bajo detención indefinida sin juicio previo plantea serios problemas legales a los que Estados Unidos se lleva enfrentando desde 2002 en cuanto a los reclusos de Guantánamo – un problema que dejó atrás el ex presidente George W. Bush y que el ex presidente Barack Obama no consiguió detener.

 

Un antes y un después: ¿es la guerra contra el terrorismo 2.0?

Estados Unidos justifica sus operaciones militares contra el Daesh en Siria e Irak – incluido el trato que reciben los prisioneros de guerra – bajo la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) del 2001. Se aprobó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para perseguir a “Al-Qaeda, Talibanes y fuerzas asociadas”.

Junto a la AUMF de 2001, la AUMF de 2002, creada para la guerra de Irak, se ha utilizado 37 veces para justificar el uso de la fuerza militar en todo el mundo. Pero estas dos autorizaciones no incluyen al Daesh, ya que el grupo no existía ni contribuyó al 11S, haciendo que se cuestione la legalidad de la lucha contra el Daesh.

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El caso de este militante estadounidense podría hacer tambalearse al marco legal y político de las operaciones de EEUU en Irak. Estos desafíos se han planteado antes, dejando la cuestión en el aire.

En otro importante incidente, el capitán del ejército estadounidense Nathan Smith, desplegado en Kuwait para enfrentarse al Daesh bajo la Operación Inherent Resolve, abandonó su puesto. Smith demandó al presidente Barack Obama en 2016, basándose en que sus acciones no fueron autorizadas por el Congreso de EEUU; de ahí que la Resolución de las Potencias de Guerra exija que el presidente retire a todas las tropas estadounidenses de la Operación Inherent Resolve en Irak y Siria.

El caso se quitó rápidamente de en medio con mociones presentadas por el Departamento de Justicia bajo la “doctrina de cuestión política”, que hace que el tribunal no pueda responder. Sin embargo, Smith tuvo un caso plausible con grandes méritos, algo que no han ignorado los políticos de Estados Unidos.

En un suceso sin precedentes, en julio, la representante Barbara Lee, demócrata, presentó una enmienda al proyecto de ley de Apropiaciones de Defensa para derogar la AUMF de 2001 en 240 días – fue rechazada por un voto. Esto demostró un sentimiento cada vez mayor en el Congreso respecto a la renovación de la anticuada AUMF para hacer frente a las nuevas amenazas.

Esto ha llevado a un gran consenso bipartidista que sostiene que la AUMF de 2001 está obsoleta, haciendo que no sea razonable afirmar legalmente que el despliegue de tropas americanas, los ataques con drones o las operaciones especiales en contra de grupos desvinculados con el 11S sean legales.

La autorización interna de EEUU no ha previsto la detención de miembros del Daesh o de otros grupos que no formaran parte del 11S. Si el presidente Trump decide llevar a este recluso a Guantánamo, será una gran prueba de fuego para la guerra contra el terrorismo y, sobre todo, para la legalidad de la acción militar contra el Daesh en Siria, Irak y demás – que podría suponer el comienzo de la guerra contra el terrorismo 2.0.

 

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