La noche del 15 de julio de 2016, Turquía fue el escenario de un golpe de estado inusual, hasta entonces nunca visto en la historia política del mundo. Su desarrollo, junto con la oposición del pueblo turco, generó secuelas que serán sujeto de debate para la posteridad.
Para poder aclarar correctamente este proceso, las violaciones de derechos humanos deben ser definidas con precisión y exhaustividad. Por ello hemos esperado impacientemente, con un hambre periodística, a que las organizaciones de derechos humanos publiquen sus informes tras el intento del golpe de Estado. Aquella noche, en Turquía –un país, literalmente, en el centro del mundo y con una tradición democrática bien establecida– ciudadanos fueron ejecutados por soldados simpatizantes, fueron aplastados por tanques y acribillados desde helicópteros.
Sin duda, aquellos que perpetraron estos actos deleznables no podrían haber sido miembros de las Fuerzas Armadas Turcas (TSK), leales a los principios fundamentales de la República Turca como la organización responsable de velar por la unidad y solidaridad del país, así como de salvaguardar su democracia. Este intento brutal –como subrayan las declaraciones gubernamentales– fue puesto en marcha por “traidores escondidos tras un uniforme militar”. Suyo es este salvajismo. Suyas estas pérdidas dolorosísimas.
Normalmente, es en este punto que las organizaciones de derechos humanos deben presentar al mundo, de forma precisa y transparente, el sufrimiento de las víctimas y la resistencia que, arriesgando sus vidas, llevó a cabo la población civil. El público turco había anticipado la llegada de sus informes, rechazando como inaceptables los golpes militares y que los derechos más fundamentales de 80 millones de personas estaban siendo violados por los golpistas.
Sin embargo, un proceso así ha brillado por su ausencia.
Al contrario, hemos encontrado “análisis de derechos humanos” que no van más allá de los derechos de los criminales, en vez de dar voz a los lamentos de los inocentes.
Con base en Londres, Amnistía Internacional es una de las mayores organizaciones de derechos humanos del mundo. Publicó su primera valoración del intento de golpe en su página web el 18 de julio. 'Turquía: los derechos humanos en riesgo tras un intento de golpe de Estado y sus consecuencias' se había preparado, extrañamente, con mucha prisa. En el informe, es evidente que todo, desde los arrestos después del intento fallido hasta la reinstauración de la pena capital, estaba siendo escrutinado.
Aun así, el punto más importante se había omitido: los ciudadanos que perdieron la vida y las violaciones a sus derechos humanos. Sólo se les mencionaba de pasada en una única frase: “Entre las muertes, 24 personas fueron descritas por las autoridades como “artífices del golpe”. Algunos de ellos linchados incluso desarmados y sin ofrecer resistencia”.
El hecho de que escribieran “artífices del golpe”, entre comillas, demuestra que no se lo toman demasiado en serio, o que el intento les parece cuestionable por su naturaleza. Se concentraron en cómo artífices del golpe fueron “linchados”, en vez de las dos mujeres, el adolescente de 15 años, o los ciudadanos inocentes que protestaban contra el golpe en el Puente del Bósforo, masacrados.
Amnistía Internacional publicó otros dos artículos en su página web el 21 y el 24 de julio. 'Turquía: el estado de emergencia no debe atacar los derechos humanos' y 'Turquía: los intermediarios independientes deben poder a acceder a las denuncias de tortura'. De nuevo apresuradas valoraciones, bajo su condición de 'intermediario independiente', donde se leía que la AI había encontrado “pruebas considerables” que los detenidos estaban siendo torturados e intentaban mostrar las condiciones de los presos de forma detallada. En el informe se lee “A pesar de las heladoras imágenes y vídeos de tortura que han sido emitidos a lo largo del país, el Gobierno ha permanecido sospechosamente callado al respecto”. No denunciar los malos tratos o la tortura equivale a apoyarla”.
Por descontado está el silencio de Amnistía Internacional respecto al asesinato de ciudadanos pacíficos e inocentes por parte de los perpetradores. Sus esfuerzos para elaborar un informe “creíble” en tan poco tiempo sobre las torturas de prisioneros son lo que deberían estar en tela de juicio. Sin embargo, en vez de defender los derechos humanos violados de los ciudadanos, que acudan a los golpistas y acusen al pueblo y gobierno turco de torturarles es completamente inaceptable.
Sus informes no tienen ningún valor para nosotros porque desafían sus propios principios y valores fundacionales. Amnistía Internacional debe responder primero estas preguntas: ¿Acaso las vidas de los asesinados tienen menos valor que las de los golpistas vivos? ¿Es que no significan nada los años arrebatados a mujeres y jóvenes, sus sueños sin cumplir, el sufrimiento de sus familias al enterrarles?
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